Crónica de “victorias pírricas” Parte II
El costo oculto de las reformas: incertidumbre y desconfianza
se mencionó previamente, la ratificación de la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados promete una vía rápida para las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal. La velocidad con la que estas avanzan genera un entorno de incertidumbre que preocupa tanto a empresarios nacionales como internacionales.
En este sentido, las "victorias" legislativas que se presumen como éxitos políticos podrían convertirse en derrotas económicas de largo plazo. El primero de los efectos que resuena en la comunidad empresarial es la erosión de la confianza. En un mundo globalizado, la inversión no se dirige a los mercados más grandes, sino a los más estables. Las señales de inestabilidad jurídica, sumadas a la posible intervención estatal en sectores clave de la economía, hacen que el panorama para la inversión en México sea menos atractivo. La capacidad de generar confianza en las reglas del juego es un pilar fundamental para cualquier país que aspire a mantener un flujo constante de capital extranjero. En la medida en que la incertidumbre crezca, es probable que México vea cómo inversiones proyectadas se desvanecen o, peor aún, se reubican en otros países con condiciones más favorables.
En este contexto, resulta imposible no destacar las implicaciones para el T-MEC, un acuerdo que ha sido central para mantener la competitividad de América del Norte frente a economías emergentes como las de Asia. La carta enviada por organizaciones empresariales de los Estados Unidos no debe tomarse a la ligera. Los señalamientos de que las reformas propuestas pueden violar disposiciones del tratado (entre ellas las relativas a la independencia del poder judicial y su capacidad para resolver disputas comerciales de manera imparcial; el debilitamiento de la protección a los derechos de propiedad intelectual y la capacidad y condiciones de México para cumplir con sus obligaciones en materia de comercio transfronterizo de servicios y contratación públicas) son un llamado de atención que tiene el potencial de desestabilizar un acuerdo comercial que ha generado enormes beneficios para ambos lados de la frontera. Un México que desatienda las preocupaciones de sus principales socios comerciales corre el riesgo de quedar aislado en un momento en el que las cadenas globales de suministro buscan certidumbre y cooperación.
Otro aspecto preocupante es la intención de debilitar a los organismos autónomos, que han sido garantes de la competencia y la regulación eficiente en sectores como las telecomunicaciones y la energía. El desmantelamiento de estas instituciones no solo socava la calidad y eficiencia de los servicios que ofrecen, sino que también envía un mensaje claro a los inversionistas: el campo de juego ya no es equitativo. El posible trato preferencial a las empresas estatales sobre las privadas es una bandera roja para cualquier empresario que valore la competencia justa. Y no es solo una cuestión de equidad; también está en juego la eficiencia y la capacidad de estas industrias para innovar y mantenerse competitivas en un mercado global en constante cambio.
El desarrollo de sectores estratégicos como el energético ha sido, históricamente, un motor clave para la economía mexicana. Otorgar un papel preponderante a empresas estatales que operan bajo esquemas menos competitivos, es un retroceso que afectará la capacidad de México para aprovechar al máximo sus recursos naturales y tecnológicos.
Más allá de las fronteras, los efectos de estas decisiones ya se están sintiendo. En la carta enviada por el embajador Ken Salazar, se destacan los riesgos de que la incertidumbre en torno al Estado de derecho pueda facilitar la entrada del crimen organizado en el sistema legal.