LA OPACIDAD SE MANIFIESTA EN OTRO MAL HÁBITO OFICIAL
Tampoco es la primera vez en que la alta susceptibilidad de los funcionarios les empuja a violar los derechos de salvadoreñas y salvadoreños. Eso no hace menos sorpresiva la directriz de su área de comunicaciones, porque hay en su ejecución cualquier cosa menos pudor: el oficialismo pareciera más bien enorgullecerse de lo que debería avergonzarse. Solo así puede recogerse la declaración brindada al respecto por el comisionado presidencial de derechos humanos, que en reacción al hallazgo hecho por este medio le dijo que “tanto personas como entidades públicas tienen el derecho de bloquear o restringir el acceso a cuentas que vulneren su bienestar, su imagen o los objetivos de su gestión, incluso las que le dé la gana”. Hay un matiz fundamental respecto de los hábitos de comunicación del gobierno: decenas de servidores nacionales desde el presidente de la República, el consejo de ministros, diputados y hasta el último de los alcaldes y alcaldesas informa sobre disposiciones públicas, decretos, iniciativas de ley, aumento de tasas y renovaciones del régimen de excepción en las redes sociales. Dada su condición de empleados gubernamentales, no pueden esperar que la sociedad se limite a recibir la información sin expresarse al respecto del modo en el que, como dice el comisionado, “les dé la gana”.
Según información recogida por LA PRENSA GRÁFICA, el bloqueo en las redes de gobierno a periodistas, académicos, activistas y ciudadanía con pensamiento crítico respecto de sus políticas no es casualidad, sino un lineamiento que se aplica en las principales plataformas sociales del oficialismo.
La disposición revela una intolerancia ya documentada de parte de la administración pública, explícita en sus manifestaciones más relevantes, discursos, referencias a sus opositores, detractores y a personas con criterio autónomo. Tampoco es la primera vez en que la alta susceptibilidad de los funcionarios les empuja a violar los derechos de salvadoreñas y salvadoreños. Eso no hace menos sorpresiva la directriz de su área de comunicaciones, porque hay en su ejecución cualquier cosa menos pudor: el oficialismo pareciera más bien enorgullecerse de lo que debería avergonzarse. Sólo así puede recogerse la declaración brindada al respecto por el comisionado presidencial de derechos humanos, que en reacción al hallazgo hecho por este medio le dijo que “tanto personas como entidades públicas tienen el derecho de bloquear o restringir el acceso a cuentas que vulneren su bienestar, su imagen o los objetivos de su gestión, incluso las que le dé la gana”.
Hay un matiz fundamental respecto de los hábitos de comunicación del gobierno: decenas de servidores nacionales desde el presidente de la República, el consejo de ministros, diputados y hasta el último de los alcaldes y alcaldesas informa sobre disposiciones públicas, decretos, iniciativas de ley, aumento de tasas y renovaciones del régimen de excepción en las redes sociales. Dada su condición de empleados gubernamentales, no pueden esperar que la sociedad se limite a recibir la información sin expresarse al respecto del modo en el que, como dice el comisionado, “les dé la gana”.
En el caso de aquellas cuentas que son alimentadas por personal pagado con los impuestos de la población, bloquear el acceso a cualquier salvadoreña o salvadoreño es violatorio de al menos cinco de sus derechos individuales consagrados en la Constitución de la República; mientras, incluso en aquellas oportunidades en que quien administra directamente su perfil de redes sociales es la funcionaria o funcionario, no puede abstraerse de las obligaciones relativas a su cargo si más que sus opiniones en esa plataforma manifiesta, comparte y publicita contenido derivado de su investidura y autoridad.
Es por todos conocida la desnaturalización del Instituto de Acceso a la Información Pública, la irrelevancia en la que cayó a partir del quinquenio anterior, que el perfil de sus administradores no es el idóneo –su presidente y dos de sus comisionados fueron incluidos hace tres años en la lista Engel del gobierno estadounidense como actores corruptos y antidemocráticos–, que las reservas de información y la no publicación de información oficiosa no es objeto de mayores reparos desde esa entidad. Pero que la opacidad se traduzca en un bloqueo cotidiano a las miles de personas que hacen preguntas, que inquieren, que dudan, que piden explicaciones sobre lo que se hace con el dinero de sus impuestos supone a la vez una grada nueva, que se sube de una manera poco sofisticada y torpemente ruidosa.