LA CONDENA DE SONIA
El 16 de abril de 2022, Sonia López (seudónimo), una adolescente de 15 años que se dedicaba a cuidar niños, se encontraba en su casa en una comunidad rural del municipio de Joateca, departamento de Morazán, cuando llegó la Policía y le pidió que entregara su celular. Sonia había abandonado la escuela en séptimo grado, durante la pandemia de covid-19.
La policía la detuvo por una foto que dijeron haber encontrado en su teléfono, sin proporcionar ninguna información a la familia sobre el contenido de la misma. Tampoco mostraron una orden de captura.
Los agentes la trasladaron a una delegación policial de Joateca, donde pasó la noche. Al día siguiente, la trasladaron a un resguardo en San Miguel, donde estuvo detenida unos 15 días. Un familiar dijo que durante ese tiempo no pudo verla ni hablar con ella.
Sonia fue presentada ante un juez dos semanas después, acusada de agrupaciones ilícitas y enviada a detención provisional en el Centro de Integración Social Femenino durante 90 días.
El 18 de noviembre de 2022, un juez condenó a Sonia a 10 años de prisión. La sentencia, revisada por Human Rights Watch, cita el testimonio de un agente de policía como única prueba en su contra. El agente alegó que él y otros compañeros la detuvieron luego de consultar una base de datos de la policía que la identificaba como “miembro de la MS-13”. El policía declaró que policías y personas anónimas que vivían en la zona la habían considerado “sospechosa” porque “colaboraba” con la pandilla. “Anteriormente no la habíamos privado de libertad porque no tenía una orden de captura ni administrativa, [pero] esta vez procedimos a la privación de libertad de la joven por el régimen de excepción que está vigente en este momento”.
A abril de 2024, Sonia cumplía su condena en el Centro de Integración Social Femenino en Ilopango.