LLAMADO DE ATENCIÓN
El Consejo de Ministros constitucionalmente tiene atribuciones relevantes para el desarrollo, la estabilidad política y el bienestar de la sociedad. Un editorial de LPG de esta semana reflexionó sobre la falta de nombramiento y de presencia.
Los integrantes, según la Constitución de la República, deben decretar el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo y su propio Reglamento. Esto significa que son ellos, el Consejo de Ministros, quienes deben diseñar la organización y el funcionamiento del Órgano Ejecutivo considerando el contenido de su segunda atribución constitucional que es la elaboración del Plan Quinquenal del Gobierno.
En el espacio oficial de la Presidencia el último decreto de modificación al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo es de noviembre de 2022. En él, el gobierno “asume la ejecución directa de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros”. La prestación del servicio, dice el decreto, puede ser de forma directa por la autoridad competente o indirecta a través de personas naturales o jurídicas. Nadie sabe si las reformas al presupuesto y a los contratos de préstamo para adquirir unidades de transporte cubrirán esta responsabilidad. El Consejo de Ministros tendrá información al respecto.
Modificaciones al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo más recientes no aparecen. Es de suponer que siendo el período presidencial de cinco años y que la presentación del informe de labores de la administración pública de 2023 fue satisfecha, aun con la inconstitucionalidad de la reelección, la presidencia y el Consejo de Ministros están obligados a asumir las atribuciones establecidas en la Constitución de la República para esta instancia. ¿O no? Pregunto porque se creó una nueva división política administrativa de la noche a la mañana.
El Plan de Gobierno del quinquenio pasado tienen deudas grandes. En educación se hicieron esfuerzos para dar acceso a la tecnología que son insuficientes para asegurar educación de calidad. La administración del recurso clave en la calidad, el personal docente, es tema pendiente. Por esto, con el estilo radical de este gobierno, por el bien de los derechos de niños, adolescentes y jóvenes a la educación, se espera una transformación total a la Ley de la Carrera Docente y su Reglamento. Tan radical como la reducción de municipios de 262 a 44.
Esa ley tiene 28 años. Su inspiración son los derechos de los docentes. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes estudiantes quedan diluidos y sobreentendidos.
Cada quien da la interpretación que le conviene. Transformar la educación para desarrollarnos demanda transformar la administración de la carrera docente. No cualquiera debería ingresar a la carrera. Son los mejores estudiantes los que deberían ser motivados y atraídos al ejercicio de la docencia. El ingreso necesita rigurosa y objetiva evaluación de competencias y la permanencia debería estar condicionada a la actualización profesional.
Nuestra realidad dista mucho de esta exigencia aprendida de países con elevado nivel de desarrollo y bienestar. La población en edad escolar no puede ni debe quedar en manos de cualquiera, especialmente del que más tiempo tiene esperando una plaza y están totalmente desactualizados. Hay que difundir el plan de gobierno para conocer el rumbo que pretenden darle al país y a su capital humano.
Transformar la educación para desarrollarnos demanda transformar la administración de la carrera docente. No cualquiera debería ingresar a la carrera.