POSIBLE PURGA AL SENO DE LA BUROCRACIA
Purgar de la administración pública a todos los actores que son considerados corruptos o enemigos de la democracia sería un guiño útil para el gobierno, pero lo más necesario en este momento convulso del republicanismo y el estado de derecho es devolverle a la nación la posibilidad de fiscalizar al poder y acceder a la información que le pertenece por principio constitucional. Eso no neutralizaría los vicios de origen de la reelección, pero es de las contadas pólizas para garantizar una convivencia pacífica y alguna contención de la corrupción, la principal aspiración de millones de salvadoreños de renta baja.
Aunque lo hará en dosis porque así se constituirá en un contenido informativo más útil para la narrativa gubernamental, el oficialismo informará sobre bastantes cambios en el gabinete. Detrás del movimiento de nombres, de la promoción de algunos y del descenso de otros hasta el perfil bajo o la irrelevancia, será difícil leer entre líneas porque poco se conoce sobre las afiliaciones o manías que la cúpula tiene con cada uno de los ministros, secretarios y directores de autónomas.
De eso, del cotilleo político, se podrían escribir muchas páginas en este escenario, ya que la burocracia funciona hoy más que nunca como en una lógica egocentrista y todos los funcionarios pujan por estar lo más cerca posible del centro del poder. Casi todos lo buscaron todo el quinquenio anterior con genuflexión y diligencia espartana pero algunos le añadieron discreción y otros se empeñaron en adquirir su propia notoriedad; es difícil explicar cuál ha sido la diferencia para que entre la misma gente la nación se disponga a ver a algunos gozar de una mejor posición en esta administración mientras otros sufrirán el ostracismo.
Los nombres no son importantes con una excepción: los de los dieciséis personeros de este régimen entre ministros, magistrados, diputados y funcionarios de segundo orden incluidos en la estadounidense Lista Engel como actores corruptos o antidemocráticos; la continuidad o purga de estas personas en el nuevo gabinete será interpretada en clave estratégica. Si el gobierno persigue con el mismo ahínco la venia norteamericana para acceder a empréstitos de las multilaterales, deshacerse de los burócratas que se ensuciaron las manos será visto desde Washington como una muestra de intenciones.
Pero en esa misma lógica, si el régimen salvadoreño se interesa en el reconocimiento y aprobación internacional, en la promoción de una marca país que no esté tan directamente relacionada con el militarismo, el hacinamiento carcelario y las violaciones a los derechos humanos y en que se lo considere después de Nicaragua como el proyecto autocrático más extremo de Centroamérica, debe exhibir otros énfasis e interrumpir algunas de sus peores prácticas.
Poco importará quiénes comanden carteras como las de seguridad o economía si la administración no evalúa, informa y analiza la necesidad de prolongar el régimen de excepción, el sostenimiento de la Ley Bitcóin, la transversal política de no rendición de cuentas y reservas de información, y ni se diga el bloqueo de declaraciones al periodismo independiente. Todos esos hábitos figuran y son recogidos en índices de transparencia y democracia que a efectos de las relaciones internacionales son tanto o más importantes que los datos económicos, la cotización de la cripto moneda o el conteo de homicidios.
Purgar de la administración pública a todos los actores que son considerados corruptos o enemigos de la democracia sería un guiño útil para el gobierno, pero lo más necesario en este momento convulso del republicanismo y el Estado de derecho es devolverle a la nación la posibilidad de fiscalizar al poder y acceder a la información que le pertenece por principio constitucional. Eso no neutralizaría los vicios de origen de la reelección, pero es de las contadas pólizas para garantizar una convivencia pacífica y alguna contención de la corrupción, la principal aspiración de millones de salvadoreños de renta baja.