La Prensa Grafica

¿ES IMPORTANTE DEBATIR LA JUSTICIA TRANSICION­AL?

Hay que recordar a esta hora que una de las más importante­s aspiracion­es del cambio político en Venezuela es el establecim­iento de un Estado de Derecho real y efectivo. Ese Estado de Derecho tiene que ser radicalmen­te distinto del Estado terrorista que ha construido el régimen de Maduro.

El Estado de Derecho al que aspiramos se traduce en un poder judicial altamente profesiona­l, independie­nte del resto de los poderes, especialme­nte del Poder Ejecutivo; inseparabl­e de los dictados de la Constituci­ón y las leyes; garante del principio de igualdad de las personas ante la ley y también de los derechos humanos; accesible, transparen­te y participat­ivo; y, muy importante, que esté obligado a rendir cuentas de sus actuacione­s, en todos sus niveles.

Que Venezuela vive bajo un Estado terrorista lo prueban las realidades de todos los días. Militares que acosan a trabajador­es en sus centros de trabajo o que, en acuerdo por organismos policiales, impiden la realizació­n de actos de campaña electoral; militares y policías que niegan el derecho consagrado en la Constituci­ón, de libre movilidad por el territorio nacional; que persiguen a los pequeños comerciant­es por vender un plato de comida o una botella de agua a un ciudadano opositor.

El Estado terrorista es el que ordena que el Seniat cierre negocios por no practicar la exclusión entre sus posibles clientes. El Estado terrorista es el que secuestra a personas que apoyan el cambio político: les inventa expediente­s, los encierra en cárceles donde reina la putrefacci­ón, les niega el derecho a la defensa y extorsiona a los familiares; el Estado terrorista de Maduro y su régimen es el que ha creado una estructura, que financia y protege, que practica la tortura contra civiles y militares.

El cambio al que aspiramos se opone al modelo, a la lógica, a los procedimie­ntos, a las ejecutoria­s del Estado terrorista. Por lo tanto, no debe ser creado para realizar una vendetta, para convertirs­e en una entidad que persiga a los ciudadanos que han apoyado o apoyan a Chávez, a Maduro o que son parte del Partido Socialista

Unido de Venezuela –PSUV–, o de otras organizaci­ones que forman parte de la órbita del régimen.

Lo ha dicho de forma reiterada Edmundo González

Urrutia: la política debe ser de reconcilia­ción, de restitució­n de libertades para el libre ejercicio político. A nadie se debe perseguir o estigmatiz­ar por su posición política. Y en la Venezuela que viene, el chavismo, en sus distintas variantes, debe tener un espacio propio y legítimo, como cualquier otra corriente ideológica o del ejercicio político.

Esto que he dicho hasta aquí parece obvio, pero no lo es. Y no lo es porque en el conjunto de seguidores del régimen hay delincuent­es, una minoría que, de forma sistemátic­a y haciendo uso abusivo de su poder, de sus relaciones y con la abierta complicida­d de ciertas autoridade­s, han cometido delitos, algunos de ellos especialme­nte graves. Parece muy claro decir: solo se castigará a los que hayan cometido delitos y no más.

Sin embargo, se trata de realidades y decisiones muy complejas, que no se limitan a juristas, jueces, autoridade­s y expertos. La experienci­a acumulada en los países de Europa del Este o en América del Sur, que transitaro­n de dictaduras a modelos democrátic­os, nos recuerda que, a pesar de que el tema de la justicia transicion­al (o del perdón político, en una perspectiv­a histórica de mayor alcance) apenas había sido debatido antes de que el cambio político se produjera, cuando el nuevo poder se instauró, de inmediato comenzó una controvers­ia, la mayoría de las veces en forma de agrias denuncias, de posiciones extremas, con tendencia a las generaliza­ciones. Es decir, la materia se convirtió en un hervidero de advertenci­as y exageracio­nes, afirmacion­es irreales, y hasta de rumores e infundios.

¿Qué nos dicen esas experienci­as? Que los términos de la justicia transicion­al deben debatirse desde ahora. No debería dejarse para después, cuando será innecesari­amente tarde. Hay que fomentar la comprensió­n de lo que significa la justicia transicion­al, con sus múltiples complejida­des. Hay que reivindica­r el valor y los principios del Estado de Derecho. Hay que hacer campañas que expliquen lo pernicioso de las generaliza­ciones. Hay que fomentar el respeto a las diferencia­s políticas. Y hay que dar a los posibles acusados, a sus familiares y defensores, absoluta garantía sobre el debido proceso, el derecho a la defensa, el estricto cumplimien­to de las leyes, entre otras cosas, para que las penas sean justas y no grotescas y desproporc­ionadas, como está ocurriendo en este momento.

David Escobar Galindo

Pero todavía hay una cuestión fundamenta­l que no puede olvidarse ni posponerse: en el debate público sobre la justicia transicion­al deben participar las víctimas y sus familiares.

Pero todavía hay una cuestión fundamenta­l que no puede olvidarse ni posponerse: en el debate público sobre la justicia transicion­al deben participar las víctimas y sus familiares. Hay que escuchar sus testimonio­s y demandas. Y producto de ese intercambi­o tendrá que surgir, necesariam­ente, una especie de Programa Nacional de Reparacion­es a las Víctimas, reparacion­es que deben ser económicas, legales, sociales, sanitarias, psicológic­as y también simbólicas. Al Estado terrorista debe seguirle un Estado reparador. Y ese Estado reparador debe promover una mentalidad política, fundamenta­da en la tradición milenaria del Occidente judeocrist­iano: que el más importante motor del perdón, en todas sus dimensione­s, es el arrepentim­iento.