EL AGRO, ASIGNATURA REPROBADA EN EL QUINQUENIO
Que El Salvador importe el 80 por ciento de las frutas y verduras que consume, que la del año pasado fuera la producción más baja de granos básicos de los últimos siete años y que según cifras internacionales el año pasado un poco más de la mitad de la población sufriera hambre -eufemísticamente "estrés alimentario"ilustra las diferentes esferas del problema, a las que debe añadirse que la administración no ha contado con un plan, capacidad de reacción e incluso pareciera que no entiende la materia o que no le interesa. ¿Cómo sino interpretar el perfil de los sucesivos ministros y viceministros del ramo, incluido el último y malogrado interino?
Mientras el Gobierno encuentra a alguien que se siente en la silla caliente de Agricultura, la pregunta flota pesada en el ambiente: ¿Qué se hará ante la progresiva reducción de la producción? La situación debería recibir una aproximación como emergencia si se considera que además de acompañar de un modo integral a los productores agrícolas, el Gobierno debe garantizar la seguridad alimentaria de la población.
Que El Salvador importe el 80 por ciento de las frutas y verduras que consume, que la del año pasado fuera la producción más baja de granos básicos de los últimos siete años y que según cifras internacionales el año pasado un poco más de la mitad de la población sufriera hambre -eufemísticamente “estrés alimentario”- ilustra las diferentes esferas del problema, a las que debe añadirse que la administración no ha contado con un plan, capacidad de reacción e incluso pareciera que no entiende la materia o que no le interesa. ¿Cómo si no interpretar el perfil de los sucesivos ministros y viceministros del ramo, incluido el último y malogrado interino?
A diferencia de otros temas en los que la propaganda surte resultados ante la dificultad de los ciudadanos para constatar el discurso oficial, en este campo, los precios de los alimentos, la escasez de algunos de ellos y la falta de apoyo y retrasos sufridos por los productores son hechos potentes que se sobreponen a las imprecisiones de la narrativa. Si el año pasado la canasta básica alcanzó precios históricos tanto en lo urbano como en lo rural y en lugar de apostarle a los agricultores locales para paliar la situación siquiera a mediano plazo el Gobierno recortó el presupuesto de los paquetes agrícolas, ¿cuál es el plan?
Obviamente no hay un plan, solo reactividad y a una velocidad que ha sido insuficiente. Por fortuna, las medidas a implementar son obvias, lo que se requiere es voluntad política, un poder de gestión importante y sensibilidad con la población más vulnerable. Lo primero es que el próximo ministro o ministra conozca de la situación y goce de la atención e interés de la cúpula que gobierna, pues de lo contrario apenas podrá inyectar algún asistencialismo ornamental y no sembrará ninguna diferencia.
Dentro de la matriz de acciones que urge implementar es imperativo crear una reserva estratégica de alimentos; aunque al menos inicialmente deba incluir algún porcentaje de insumos importados, debe incluir el grueso de la producción nacional y tener inspiración social para garantizar precios justos a la gente aun cuando eso suponga subsidios de diversa índole. La otra parte del asocio que el Gobierno tiene que establecer con los agricultores salvadoreños es apoyarles con incentivos financieros para que sean menos vulnerables al aumento de los costos de producción y a las contingencias que emanan de modo directo del cambio climático.
El nuevo o nueva titular de esa cartera también estará obligado a empujar la legislación ya aprobada alrededor de la materia que hasta la fecha ha sido solamente letra muerta, en especial la Ley de Agricultura Familiar, e interesarse por que las restricciones a la movilidad y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con la militarización terminen, de modo que las comunidades rurales puedan recuperar las rutinas de los ciclos de producción y de cosecha. El régimen de excepción acentuó la falta de mano de obra en el campo, un efecto de la política de seguridad del que no se habla.