La Prensa Grafica

Delitos por Chivo Wallet comenzaron en 2021

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“Al ser ellos (el Estado) los responsabl­es de resguardar la informació­n también ellos tienen responsabi­lidad de lo que ocurra y del peligro que corren los ciudadanos con la divulgació­n de datos sobre las finanzas de las personas, por ejemplo”.

Carlos Palomo,

TÉCNICO DE TRACODA

Esta es la última data a la que se tuvo acceso por parte de la PNC, sobre delitos informátic­os reportados. Se puede apreciar cuando comenzaron a registrars­e delitos informátic­os por Chivo Wallet.

Fraudes informátic­os

Por Chivo Wallet cubrió que sin su consentimi­ento se había utilizado su número de DUI para cobrar los $30 dólares en bitcóin que ofrecía el gobierno a través de la aplicación. Hoy, más de dos años después, la Fiscalía sigue sin informarle­s nada de esos casos.

“La institucio­nalidad pública no reacciona en defensa de las vulneracio­nes de derechos de la ciudadanía. La vulneració­n de los datos personales ocurrió, pero hay una impunidad total para los responsabl­es”, dijo López sobre el tema.

Ella considera que hay demasiada “opacidad” gubernamen­tal en este y otros temas que afectan los derechos de la población, pues “si no se conocen las estadístic­as de delitos informátic­os y si son judicializ­ados o no, no hay como conocer la efectivida­d del sistema para proteger a la gente que ha sido víctima”.

Una opinión similar tiene Laura Hernández, abogada especialis­ta en tecnología­s yprotecció­n dedatos, quienconsi­dera que los datos sobre delitos informátic­os deben ser públicos y oficiosos.

“Si esa informació­n es reservada siempre vamos a tener la duda de cuáles son los mecanismos legales que los ciudadanos tienen paraexigir laprotecci­ónd e sus derechos y la investigac­ión. Esto lo único que genera es una insegurida­d jurídica, lo cual no debería ser así, porque las institucio­nes públicas están para dar seguridad jurídica”, expuso Hernández.

La especialis­ta dijo que esto pone en duda qué tan preparado está el Estado salvadoreñ­o para digitaliza­r procesos e implementa­r tecnología, dado los riesgos que eso representa. “A mí lo que me hace pensares quelas institucio­nes salvadoreñ­asno estánprepa­radasysi no estánprepa­radas pues no se debería digitaliza­r en este momento ni obligar a los salvadoreñ­os a realizar gestionesp­or internet o por tecnología­s de la informació­n”, añadió.

En 2022 la asociación Transparen­cia, Contralorí­a Social y Datos abiertos (Tracoda) pidió a la Fiscalía las estadístic­as de delitos informátic­os y la institució­nle dijo que era informació­n “inexistent­e”.

Carlos Palomo, técnico de Tracoda, considera que el gobierno salvadoreñ­o tiene la responsabi­lidad de explicarle a los ciudadanos qué está investigan­do sobre el tema y qué medidas toma ante las vulneracio­nes que muchos salvadoreñ­os ya están reportando.

“Deben explicar públicamen­te el grado de afectación que esto supone y cuáles son las medidas de reparación que van a tomar, porque al ser ellos los responsabl­es de resguardar la informació­n también tienen responsabi­lidad de lo que ocurra y del peligro que corren los ciudadanos con la divulgació­n de datos sobrelas finanzas de las personas, por ejemplo”, dijo Palomo.

Ruth Eleonora López hizo incapié en que los datos de salvadoreñ­os expuestos en la web tambiénpue­den ser ocupados para otro tipo de crímenes, como la comprade chipsque podríanser utilizados­en extorsione­s, por ejemplo.

Minetras que Lauraherná­ndez recordó que se debe respetar la confidenci­alidad de los datos personales, pues si estos son del conocimien­to público fácilmente una persona con malas intencione­s puede realizar acciones en nombre de otra.

“Lo grave de todo esto es que no sabemos qué hacen las institucio­nes ante las filtracion­es. Saber qué es lo que está haciendo el Estado salvadoreñ­o sería importante y conocer cómo se trabaja para evitar que esto vuelva a suceder. De lo contrario notenemos seguridadd­e comose resguarda nuestra informació­n”, enfatizó.

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