SIGUIENTE PASO: GENERACIÓN MASIVA DE EMPLEOS
El Salvador se disfuncionó desde hace varias décadas, sin tener un respiro para una vida normal. Doce años de guerra civil más treinta años de delincuencia de maras configuraron un escenario inhóspito para desarrollar políticas públicas que estabilizaran el país y promovieran la vida buena para la gente, más que todo en el ámbito económico, en el que se provocó una pérdida constante de empleos y un deterioro de la capacidad adquisitiva de las familias.
En diferentes estudios de ese período, el principal problema de la población siempre fue la inseguridad y la vigencia de un macabro entorno de violencia y muerte, pero en segundo y tercer lugar la población resentía la falta de empleo y la crisis económica, con su consecuencia en la reducción de ingresos para mantener la economía familiar.
El saldo de este contexto fue el crecimiento del subempleo y la expansión del comercio informal, dos formas débiles de estar involucrados en el ámbito laboral y en la dinámica del mercado, pero que más bien ha sido la expresión de una economía excluyente para las mayorías, un fenómeno estructural suficiente para incrementar la precariedad de grandes segmentos de población y el deterioro progresivo de la llamada “clase media”.
Pero este escenario no solo es causa y consecuencia de la guerra y la delincuencia de pandillas, también resultó de la ineptitud y corrupción cínica de diferentes grupos políticos que, por medio de su acceso al gobierno, dejaron “huérfanos de Estado” (y en más pobreza) a grandes conglomerados de ciudadanos.
Sin embargo, pese a la falta de empleo, a las debilidades de la economía y la insuficiencia de sus ingresos, la población fue capaz de generar recursos y pagar impuestos, pero esto solo alimentó la voracidad de políticos que utilizaron el Estado como una caja repleta de efectivo para el robo de millones de dólares; como agravante la población también ha sido capaz de producir riqueza, pero para pagar extorsiones, diezmos y sobreprecios de bienes y servicios (casi un 30 % de sus ingresos).
Ahora el escenario ha cambiado, se ha erradicado el problema más perturbador de la sociedad (la delincuencia de maras), se está exponiendo la corrupción y la mala praxis de los gobiernos anteriores, pero aún falta llevar el bisturí hacia sectores que, desde la cobertura del mercado, sangran a la gente por medio de intereses abusivos, multas extremas, comisiones y otros cargos escondidos que mantienen en zozobra a los “eternos endeudados”. Igual cirugía requieren las empresas de la fe que lucran con el dolor y la desesperanza, poniendo precio a oraciones e indultos convertidos en mercancías (y sin pagar impuestos).
Ya no hay excusas, ahora las empresas pueden funcionar con mayor intensidad, ya no hay extorsiones, pueden aumentar su producción y mover sus bienes y servicios en todo el territorio en zonas ya seguras. Se abre la posibilidad de ampliar horarios para la circulación vehicular y el transporte público; está dado el escenario para dinamizar la inversión, reorientar la academia, impulsar la ciencia y tecnología, activar la cultura y el arte, es decir, es tiempo de “normalizar” la vida cotidiana, dejando atrás lo que ha estado distorsionado por el miedo, la incapacidad y la corrupción.
Ahora el tema urgente es la generación masiva de empleos, una política que implica impulsar la economía en todos sus sectores, partiendo de la industria (por el valor agregado que genera), apoyar el agro de manera intensa e intensiva, modernizar la prestación de servicios, fortalecer las competencias de la fuerza laboral e incorporar los beneficios de la tecnología e innovación en todos los procesos de la producción y del mercado.
La seguridad quita el miedo, pero el empleo dignifica, el trabajo decente es uno de los principales indicadores de inclusión económica y social, de justicia y democracia: con empleo se potencia el ingreso familiar y se reduce la vulnerabilidad y la desesperanza; el empleo formal es el mejor “ordenador social”, con empleo e ingresos la gente es capaz de activar su resiliencia para avanzar y progresar en el esfuerzo de hacerse cargo de su vida material.
Una cruzada por el empleo es responsabilidad de todos: corresponde al Estado generar infraestructura estratégica y asegurar marcos jurídicos e institucionales que estimulen la inversión, los empresarios deben activar su solidaridad económica al invertir de forma masiva para impulsar la producción; la academia está llamada a la mejora de sus estrategias de formación (vinculándola a demanda laboral); y a los funcionarios se les pide más protagonismo y creatividad en la generación de servicios públicos para la gente. Por su parte las iglesias pueden contribuir (sin cobrar) a calmar los espíritus de quienes no se adapten al cambio.
La seguridad quita el miedo, pero el empleo dignifica, el trabajo decente es uno de los principales indicadores de inclusión económica y social, de justicia y democracia.