COSECHANDO LO SEMBRADO
La estructura de población ha cambiado. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPP 2022), la población entre 15 y 29 años representa el 26 % de la población total. Más de la cuarta parte de la población salvadoreña está ubicada en la categoría de juventud según el artículo 2 de la Ley General de Juventud aprobada en 2013 para dar vida a la instancia pública responsable de la política pública. Además de este objetivo burocrático, la principal razón de la ley es la de “garantizar los derechos fundamentales de la población joven, así como promover el cumplimiento de sus deberes en el marco del respeto a su especificidad y además, favorecer la participación política, social, cultural y económica de la población joven, en condiciones de equidad y solidaridad”.
Veintidós derechos destaca la ley que, al igual que todas, se ocupa del uso de la palabra en forma poco responsable, tan poco responsable que refleja que los legisladores (de todos los períodos y partidos) al aprobar leyes esperan transformar la realidad con ESA varita mágica publicada en el Diario Oficial. De los 22 derechos destaco el derecho a la justicia con la respectiva denuncia, audiencia, defensa, trato justo y digno; la integridad personal sin discriminación o estigmatización; y la protección integral contra abusos sexuales.
Esta cuarta parte de la población salvadoreña seguramente es la más afectada con el Estado de Excepción decretado por los mismos legisladores. Dicen que no existe otra forma de enfrentar a los pandilleros y eso justifica el Estado de Excepción y sus innumerables prórrogas. No hay datos accesibles sobre el perfil de los encerrados a la eternidad. Nada se sabe sobre la edad, el sexo, la procedencia, ni mucho menos la ocupación ni escolaridad de la población recluida en esa millonaria megacárcel, símbolo de amenaza y oferta para la juventud.
Es símbolo porque refleja la opción, la decisión y la prioridad del gobierno sobre cualquier derecho de la juventud establecido en las leyes. La educación, el deporte, la recreación, el esparcimiento, la formación técnica para la incorporación al trabajo ni el ejercicio de la ciudadanía tienen prioridad alguna. Los jóvenes, en cualquier lugar del país, están amenazados, estar en grupo conversando, trabajando o jugando es suficiente para atraer la atención de las autoridades e indiscriminadamente ser acusados de asociaciones ilícitas. Nadie se salva.
Seguramente muchos de los que están confinados hasta la eternidad y sin derecho alguno se quedaron con familia desintegrada por abandono paterno o sin familia a temprana edad. Seguramente abandonaron la escuela a temprana edad con la indiferencia de docentes y directores. Seguramente han enfrentado abusos y violencia de toda clase.
Mucho de esto y más seguramente caracteriza el perfil de los confinados y la única herramienta válida para el gobierno es el
Estado de Excepción, que seguramente durará hasta que la ciudadanía se interese en conocer el marco legal del país.
La oferta para la juventud que abandonó la escuela es limitada y concentrada. Han creado nuevas instituciones con atribución, pero sin política ni estrategia. Las que existen y tienen servicios educativos flexibles o a distancia han concentrado los servicios con elevados costos para los aspirantes. La política es la centralización y concentración. El interesado, independientemente de donde se localice, debe presentarse a las oficinas centrales de San Salvador. Mientras tanto, que se cuide de las autoridades de seguridad. La sociedad y el Estado han sido indiferentes a las condiciones de la juventud. Estamos cosechando lo que sembramos. ¿Daremos otro mandato a las autoridades a elegir?
Los legisladores (de todos los períodos y partidos) al aprobar leyes esperan transformar la realidad con ESA varita mágica publicada en el Diario Oficial.