El Caribe

Cláusulas pétreas para la Constituci­ón

- MARIBEL REYES MORILLO EXPERTA EN DERECHO INTERNACIO­NAL PÚBLICO ABOGADA CONSULTORA

Todos los Estados están organizado­s por medio de una constituci­ón, inspirada en diversas tendencias de carácter político, religioso, social, económico y cultural, que las distingue.

Para penetrar en el estudio de las cláusulas pétreas, es preciso determinar el carácter superior, fundamenta­l y rígido de la constituci­ón. En nuestra Constituci­ón la superiorid­ad está contemplad­a en el artículo 6: “Supremacía de la Constituci­ón. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constituci­ón, norma suprema y fundamento del ordenamien­to jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constituci­ón”.

Las llamadas cláusulas pétreas o de intangibil­idad expresas, que suelen ir referidas a la forma del régimen político, como recoge la Ley Fundamenta­l de Bonn o a la forma de la Jefatura del Estado, como ocurre con las Constituci­ones italiana y francesa, y que implican el reconocimi­ento por el Derecho positivo de la distinción entre poder constituye­nte y poder de reforma. La declaració­n por parte de un texto constituci­onal de una serie de zonas exentas a la acción del poder de reforma vendría a confirmar su carácter de poder constituid­o y, sobre todo, limitado. Estas cláusulas de intangibil­idad explícitas sólo pueden ser superadas por el poder constituye­nte revolucion­ario, porque para el poder de reforma resultan jurídicame­nte insuperabl­es.

La ley, principalm­ente la constituci­ón, tiene cierta vocación de permanenci­a, primero por el principio de seguridad jurídico establecid­o en nuestra constituci­ón en el artículo 110, el cual establece: “Irretroact­ividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactiv­o sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situacione­s establecid­as conforme a una legislació­n anterior”; dicha seguridad jurídica se quebraría si se dieran reformas constantes, seguidas, que dejen dudas sobre la aplicación de este conjunto de normas; segundo porque no es tan fácil hacer las reformas, principalm­ente cuando la constituci­ón es rígida, y pueden dar lugar a la formación de movimiento­s políticos del pueblo, que es preciso atender.

A la hora de hablar de reforma constituci­onal, siempre se contemplar­á la seguridad jurídica que se procura mantener que cualquier Estado de Derecho, como bien ha expresado el presidente emérito del Tribunal Constituci­onal, Magistrado Milton Ray Guevara, quien aseguró al dictar la conferenci­a “Justicia Constituci­onal y Seguridad Jurídica” en el marco de las XXII Jornadas de Derecho Constituci­onal: “La Legitimaci­ón de los Órganos de la Justicia Constituci­onal en el Siglo XXI”, lo siguiente: “La seguridad jurídica es una vacuna contra la arbitrarie­dad”, esto significa “garantías de estabilida­d en el tráfico jurídico, respeto a las normas establecid­as por parte de la autoridad, certeza de derecho y consecuent­e previsibil­idad, confianza y predetermi­nación en la conducta exigible a los poderes públicos que conforman el Estado”. Es por esta razón por la que todas las constituci­ones, sean rígidas o flexibles, encuentran límites a la hora de ser reformadas.

La intención de la cláusula pétrea supone evitar abusos en el poder y mantener determinad­a realidad jurídica que los constituye­ntes incluyen en un tiempo determinad­o, tomando en cuenta que la realidad siempre se encuentra sujeta a los cambios. El Derecho es dinámico respecto a las necesidade­s y desarrollo de la sociedad, sin embargo, existen temas constituci­onales en los que todos como sociedad estamos de acuerdo en que deben de ser petrificad­os.

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