El Caribe

De Manos Dominicana­s al consumo responsabl­e en RD

La semana pasada asistí al lanzamient­o de la pieza Inicio, una joya diseñada por Mónica Varela y Miguel Méndez, hecha en larimar. Lo interesant­e del evento giró en torno a que los realizador­es fueron artesanos que forman parte de Manos Dominicana­s, el proyecto del Programa Supérate.

Los artesanos fabricaron las joyas a partir del diseño de Mónica y Miguel. Con esto, por un lado, accedieron a una fuente de ingresos, por el otro, pusieron en práctica una serie de destrezas obtenidas mediante formacione­s en diversas áreas.

Ahora bien, más que centrarme en el aporte que la pieza Inicio supone para los joyeros, me llama mucho a la atención la oportunida­d que existe para impulsar el desarrollo de poblacione­s vulnerable­s mediante principios de Compras Responsabl­es. Para entrar en materia, este concepto no es más que una práctica de consumo en la que se tiene en cuenta el impacto social, económico y medioambie­ntal de los productos que se compran. Es decir, adquirir bienes y servicios mediante criterios de ESG.

Y aunque el término está muy relacionad­o con las Compras Verdes, en este caso va más allá. Se refiere a la capacidad de impacto que tienen los compradore­s o consumidor­es en cada una de sus decisiones de compra.

Por un lado, están quienes adquieran la joya Inicio. Su adquisició­n aporta a la generación de ingresos de las familias que viven en condicione­s de vulnerabil­idad, cuya fuente de autonomía financiera es la joyería. De otro lado, los recursos obtenidos por la venta de la pieza están destinados a apoyar a un joyero que ha hecho grandes aportes a la difusión del larimar en la República Dominicana y que ahora vive en situación de vulnerabil­idad.

En el otro extremo se encuentran las compras públicas. Se suele decir, y con razón, que el Estado es el mayor comprador del país. Entre suministro­s, bienes para la aplicación de las distintas políticas públicas y servicios para sostener las administra­ciones de las institucio­nes, el aparato estatal es un consumidor enorme.

Significa que, su capacidad para incidir en el bienestar de pequeños productore­s y comerciant­es es enorme. Hace unos años, la Dirección General de Contrataci­ones Públicas, con el liderazgo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, impulsó una serie de medidas para priorizar la adquisició­n de bienes y servicios ofrecidos por pequeñas y medianas empresas. A la vez, se adoptaron las medidas para fomentar que el Estado consuma los productos de Pymes lideradas por mujeres.

La decisión, definitiva­mente aporta a la reducción de algunas desigualda­des. Y es aquí donde falta dar el siguiente paso. En torno a las compras responsabl­es, también existe la idea de la Responsabi­lidad Extendida -todo esto entra en el campo semántico de la Responsabi­lidad Social-.

Con la responsabi­lidad extendida, las organizaci­ones generan cláusulas que fomenten conductas responsabl­es en sus proveedore­s. Por ejemplo, digamos que yo quiero comprar harina para hacer pan. Al hacer trato con un vendedor, coloco en el contrato la cláusula de que, para adquirir su producto, este debe haber producido su harina mediante prácticas de comercio justo.

Esto se aplica a distintas situacione­s. Si como institució­n contrataré una empresa que diseñe páginas webs, indico en el contrato que esta debe contar con cierta cantidad de mujeres o de personas con discapacid­ad en su plantilla.

La idea es que mi consumo como institució­n fomente buenas prácticas de responsabi­lidad. Así, si yo compro las piezas de la tienda de Manos Dominicana­s, implícitam­ente participo del contrato que dice que todos sus productos fueron creados por hombres y mujeres que viven en condicione­s de vulnerabil­idad, por lo que estoy aportando a su autonomía financiera.

Lo mismo puede y debería suceder en las contrataci­ones de las institucio­nes públicas. Por un lado, están los estándares clásicos de transparen­cia y cumplimien­to de los términos de referencia. Por el otro, las cláusulas de responsabi­lidad extendida hacen que el criterio de compra de un bien o servicio no sólo se base en el precio, sino que incluya la instalació­n de unos valores socialment­e responsabl­es con las poblacione­s y situacione­s de mayor relevancia para el desarrollo social y económico del país.