Repaso de 10 años
APARENTE INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN
Marzo 2014. Entra a regir la Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (N.° 9223), la cual redefinió los límites del Refugio Gandoca-Manzanillo para reconocer derechos a terceros que habitaban la zona. La ley la impulsaron los entonces diputados Wálter Céspedes y Manuel Hernández, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Movimiento Libertario. Actualmente, son los alcaldes de Matina y Pococí, respectivamente. Diciembre 2014. Marco Levi Virgo, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley N.º 9223. Alegó que la norma reducía parte de una zona protegida del Refugio para reconocer derechos a una comunidad sin que se presente el requisito constitucional de compensación del área suprimida, lo cual es contrario al principio precautorio y de no regresión en materia ambiental. Julio 2019. La Sala IV declara parcialmente inconstitucional la ley N.º 9223 en su fallo 2019-012745, porque desafectó sin la fundamentación debida 188 hectáreas de territorios comprendidos en la zona boscosa del Refugio y ordenó recuperarlos, de manera que quedaran otra vez dentro de sus límites. Marzo 2022. Sin que todavía se hubiese cumplido la orden del fallo 2019-012745, la Procuraduría General de la República remitió a las autoridades del Inder una lista de 137 fincas colmadas de árboles con la instrucción de entablar los respectivos procesos de lesividad de los actos administrativos ante el Tribunal Contencioso Administrativo en cumplimiento de la resolución de la Sala Constitucional. Julio 2024. Sala Constitucional tramita gestión de incumplimiento interpuesta por Marco Levi Virgo y la ecologista Carol Ingrids Meeds por presuntas omisiones del Minae e Inder en el cumplimiento de la resolución 2019-012745.