Las empresas extractivas extranjeras y la paz
A propósito del editorial del 24 de abril titulado “El asesinato del líder Narciso Beleño y la tragedia persistente de Colombia”. Las inversiones de las mineras y petroleras en Colombia el año pasado alcanzaron los US$5.993 millones. Muchas de estas empresas operan en municipios donde se ha recrudecido la violencia contra los líderes sociales, las mujeres y los jóvenes en estos últimos meses. Dicen que fueron 181 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2023. Y ahora, con Narciso Beleño, van 52 en lo que va de este año. Cientos más han sido víctimas de agresiones. Integrantes de juntas de acción comunal, lideres y lideresas indígenas, ambientalistas, hombres y mujeres estigmatizados, víctimas de amenazas y atentados, de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Si es cierto, como afirman muchos, que el mapa de esta violencia corresponde en gran medida con los grandes enclaves de cultivos ilícitos en el país, zonas donde los grupos armados están enfrentados por el control del negocio, también es cierto que en casi todos hay grandes empresas extractivas de mi país y de otros. Hay mineras canadienses en el sur de Córdoba y Bolívar, el nordeste antioqueño y el Bajo Cauca, en Nariño y Chocó, y hay petroleras en Arauca, el Bajo Putumayo y Caquetá, lugares de masacres recientes y amenazas y agresiones constantes contra líderes sociales. De hecho, en tantos pueblos hoy de luto se encuentran empresas extranjeras — canadienses, chinas, inglesas, sudafricanas, estadounidenses—. Sin excepción, han endosado instrumentos internacionales de derechos humanos y se han comprometido a guiarse por los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿pero cuántas han tomado una posición inequívoca y pública frente a esta violencia? ¿O frente a las decenas de comunidades aisladas y confinadas por el miedo y el terror, muchas de ellas en zonas donde aquellas operan y se lucran? Como muestra de la responsabilidad corporativa social, estas empresas suelen enumerar las inversiones que hacen en microproyectos, becas y donaciones a varias causas, pero el verdadero compromiso a favor de las comunidades no se mide solo en dólares. Es tiempo de dejar de pensar en facturas y gastos, y hacerse al lado de las comunidades. Por las influencias que mueven y el gran peso económico y político que tienen en las regiones será muy difícil consolidar un plan de desarrollo sostenible sin la vinculación explícita de esas empresas, a la letra y al espíritu, a la política de paz del Gobierno. Es hora de que se pronuncien a favor de la paz, públicamente y sin ambigüedades, y empiecen a mirar cómo pueden contribuir de verdad al proceso en las regiones donde operan. Se lo deben al país y este se lo debe exigir.