La apuesta del Gobierno para saldar la deuda con las víctimas del conflicto
La Unidad de Víctimas priorizará la indemnización de las 106.337 personas más vulnerables. ¿Cuáles son los avances y desafíos en su reparación?
En Colombia, uno de cada cinco habitantes ha sido gravemente afectado por el conflicto armado. Aunque la cifra es escandalosa (más de 9,6 millones de personas) y sigue creciendo cada día, las víctimas no solo tienen que enfrentar el drama del desplazamiento forzado, el asesinato de sus familiares o el secuestro, entre muchas afectaciones, sino que también deben encarar la incapacidad del Estado para repararlas.
El actual Gobierno ha dado pasos importantes para saldar la deuda de atención con esta población, como la destinación de 2,7 billones de pesos -las más alta de la historia- para avanzar en la indemnización de las víctimas. Sin embargo, aún se mantiene una serie de desafíos clave para garantizar una reparación integral y, sobre todo, condiciones de paz y seguridad que permitan que el número de afectados por la guerra deje de crecer.
En la mañana de hoy, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que se conmemora cada 9 de abril, la Unidad para las Víctimas anunciará una estrategia de priorización que busca ponerse al día con las 106.337 personas que enfrentan en las mayores condiciones de vulnerabilidad por ser adultos mayores de 68 años, población en condición de discapacidad y quienes tienen alguna enfermedad ruinosa, catastrófica o de alto costo.
“Priorizaremos la indemnización de estas 106.000 personas, que son las más sufridas, pero la meta que tenemos como Gobierno es cumplir con 600.000 indemnizaciones en el cuatrienio. Esto es insuficiente, pero también le estamos apostando a la superación de la vulnerabilidad de 2 millones de personas que padecen el desplazamiento forzado. Hay que sumar toda la oferta institucional del gobierno nacional con las alcaldías y colaborar para la reubicación de sus barrios, para atender a esta población y lograr que a los territorios victimizados llegue el estado”, dijo en entrevista con Colombia+20 Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas.
En efecto, por más ambiciosos que sean los esfuerzos para atender a esta población, serían insuficientes. Según ha advertido la Contraloría General de la República, solo en temas de indemnización se necesitarían más de siete años para cumplirle a todas las personas afectadas por el conflicto que tienen este derecho. Por eso, entre las demandas de los movimientos de víctimas está concentrarse no solo en ese ámbito, sino en lograr una reparación integral.
“La indemnización requiere un proceso burocrático muy largo que tiene a adultos mayores esperando, a personas que incluso han muerto sin obtenerla, pero de todas maneras eso no es una reparación integral. Nuestra apuesta es que haya una política que les permita a las víctimas superar el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran, acceder a vivienda, educación, generación de ingresos, y que a través de esas acciones se llegue a la paz, porque no puede haber paz con hambre”, dice Gladys Aristizábal, coordinadora de la Mesa Distrital de Víctimas de Bogotá.
Para avanzar en ese sentido, desde septiembre del año pasado El Gobierno Nacional promovió una reforma a la Ley 1448 de 2011 (de Víctimas y Restitución de Tierras), en las que se planteó aumentar las fuentes de financiación, articular la norma con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, entre otras medidas que buscan saldar la deuda con las víctimas. Aunque se han hecho los llamados de urgencia para que esta iniciativa salga adelante, aún está a la espera de que se den los debates al respecto en el Legislativo.
Según Luis Fernando Sánchez, quien le ha hecho seguimiento a la implementación de la Ley 1448 desde hace años, “es evidente una mayor voluntad política de este gobierno que de los anteriores, se han hecho esfuerzos, aunque hay problemas en términos de la concreción de transformaciones para el goce efectivo de derechos todavía”.
El experto, quien es el coordinador jurídico de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), asegura que un punto clave es “que el Congreso implemente las reformas, pues si los debates no se dan de manera ágil va a ser muy difícil cumplirles a las víctimas y se va a necesitar una nueva prórroga de la ley (cuya vigencia inicial iba hasta 2021 y fue extendida por otros 10 años)”.
Ese llamado a poner el pie en el acelerador será presentado hoy ante el Legislativo en la plenaria que se adelantará para analizar la situación de las víctimas, que nuevamente insistirán en la necesidad de que el Estado se comprometa con su atención y reparación.
‘‘Priorizaremos la indemnización de 106.000 personas pero la meta que tenemos es cumplir con 600.000 mil indemnizaciones en el cuatrienio”. Patricia Tobón, directora Unidad para las Víctimas.