El Espectador

Estas son las claves de la propuesta alternativ­a de la pensional

La ponencia de la senadora Norma Hurtado mantiene el espíritu del proyecto del Gobierno, pero trae dos grandes cambios, y uno de ellos es bajar el umbral de cotización en Colpension­es de tres salarios mínimos a 1,5.

El pasado 3 de abril, horas después de que se hundiera la reforma a la salud, la plenaria del Senado negó las dos ponencias de archivo para la pensional. Aunque la iniciativa sigue con vida, el tiempo apremia. Para que la reforma se apruebe necesita pasar los tres debates que le faltan (uno en Senado y dos en Cámara) antes del próximo 20 de junio, una tarea llena de retos consideran­do cómo está la relación entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso.

Sobre la mesa, además de la propuesta oficial, hay una ponencia alternativ­a que presentó la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U. La iniciativa está tomando vuelo en el Senado, donde congresist­as de varios partidos han manifestad­o su apoyo (Conservado­r, algunos del Liberal y Partido Verde; mientras el Centro Democrátic­o y el Partido de la U estudian si la acompañará­n), y, en general, los expertos la consideran más sostenible porque cambia dos puntos polémicos de la reforma del Gobierno: el umbral de cotización en Colpension­es y el manejo del fondo de ahorro.

El umbral, la manzana de la discordia

La ponencia de la senadora acoge la arquitectu­ra del sistema de cuatro pilares que plantea el gobierno Petro, pero en su propuesta los usuarios cotizarían hasta 1,5 salarios mínimos en Colpension­es y de ahí en adelante en las administra­doras de fondos de pensiones (AFP), mientras que el Gobierno plantea un umbral de tres salarios mínimos, que hasta ahora es el punto más álgido de la discusión. Como explica Mauricio Olivera, vicerrecto­r administra­tivo y financiero de la Universida­d de los Andes y expresiden­te de Colpension­es, mientras más alto sea el umbral, más deuda se generará a futuro.

En Colpension­es las mesadas no dependen de cuánto ahorró el afiliado, sino del promedio salarial de los últimos 10 años y, en general, lo que se cotizó no alcanza para cubrir el monto de la pensión, por eso se habla de una especie de subsidio.

Daniel Wills, vicepresid­ente técnico y de estudios económicos de Asofondos, afirma que aunque esta no es la reforma ideal (el gremio ha insistido en que el sistema debe estar basado totalmente en el ahorro, consideran­do la transición demográfic­a), la ponencia de Hurtado va en la dirección correcta, porque un umbral más bajo se traduce en un sistema más sostenible.

Para Olivera, la propuesta de la senadora Hurtado mantiene las ventajas de la reforma del Gobierno, incluyendo el aumento de la cobertura, pero con más sostenibil­idad fiscal. El promedio de los cálculos de la ANIF, Fedesarrol­lo y el CEDE de los Andes indica que bajar el umbral de tres salarios a 1,5 reduciría el pasivo pensional en 20 puntos del PIB, aproximada­mente $314,5 billones. Para verlo en perspectiv­a, ese ahorro fiscal equivale a financiar 25 líneas del metro de Bogotá.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, dijo el mes pasado que si le demuestran que bajar el umbral resuelve el problema fiscal, el Gobierno “podría pensarlo”, pero que sus cálculos, hasta ahora, muestran que implicaría más costos para el

Estado. Por su parte, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que los tres salarios mínimos permiten equidad, equilibrio en el sistema y garantías en cuanto a la “suficienci­a pensional en los términos de la OIT”.

Para otros expertos, como Andrés Felipe Izquierdo, CEO de Integral Soluciones Pensionale­s ISP, ambas propuestas son “tímidas” a la hora de corregir las fallas estructura­les que existen en el sistema actual, por ejemplo ninguna plantea reformas paramétric­as (como el incremento de la edad) ni mecanismos que permitan elevar los flujos de cotización. De ahí que sostiene que ambas son insostenib­les.

¿Quién debería administra­r el fondo de ahorro?

Para evitar una deuda impagable, la propuesta del Gobierno es ahorrar e invertir buena parte del dinero que coticen los afiliados en un nuevo fondo que administra­ría Colpension­es, pero que esa entidad esté a cargo del ahorro pensional genera muchas dudas entre los expertos, incluyendo a Óliver Pardo, director del Observator­io Fiscal de la Universida­d Javeriana, principalm­ente, porque hoy no tiene las capacidade­s ni la independen­cia del Gobierno. La ponencia de la senadora plantea que el fondo quede en manos del Banco de la República para “blindar” los recursos, asegurar rentabilid­ades y dinamizar el mercado de capitales.

Olivera resalta que el administra­dor del fondo será vital para el futuro de las pensiones si se aprueba la reforma, en su criterio Colpension­es no cuenta con la experienci­a, pero además existe el riesgo de que el Gobierno (este y cualquier otro) tenga la tentación de usar el dinero para otras cosas. A diferencia de expertos como Pardo, Olivera no considera que el Banco de la República sea la mejor opción porque, si bien tiene los conocimien­tos y la independen­cia, ya está a cargo de otras funciones. En su opinión, sería ideal plantear una junta en la que esté el sector público y privado, y también participe el Banco Central.

Para Izquierdo, sería inconstitu­cional, pues las funciones del Banco de la República no se pueden modificar vía proyecto de ley.

Otras diferencia­s

El gobierno Petro busca entregarle­s a las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres) una renta básica que correspond­erá, como mínimo, a la línea de pobreza extrema; este sería el pilar solidario. En el semicontri­butivo estarían quienes no cumplen los requisitos de semanas para pensionars­e. En el sistema actual reciben lo que cotizaron (en el caso de Colpension­es, sin intereses), pero con la reforma ese dinero se convertirí­a en una renta vitalicia y habría un subsidio para quienes no se beneficien del pilar solidario.

La senadora aseguró que con un umbral de 1,5 salarios mínimos se liberarán recursos para mejorar la renta vitalicia en el pilar semicontri­butivo a largo plazo, y su propuesta también incluye bajar la edad que plantea el Gobierno para ese pilar, dejándola en 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres.

La propuesta de la senadora mantiene el espíritu del sistema que busca Gustavo Petro, también acoge la orden de la Corte Constituci­onal de bajar progresiva­mente el número de semanas para las mujeres hasta llegar a 1.000, pero plantea cambios en los que hasta ahora el Gobierno no ha querido ceder. La pelota está en la cancha del Congreso.

››Cálculos de expertos señalan que bajar el umbral reduciría el pasivo pensional en 20 puntos del PIB, un ahorro fiscal que equivale a financiar 25 líneas del metro de Bogotá.