Así fue como Rodolfo Hernández habría financiado ilegalmente su campaña contra Petro
El entonces candidato presidencial habría ingresado a la campaña sus propios dineros, mientras que estaba siendo investigado por delitos contra la administración pública. Esto es lo que encontró la Fiscalía.
El excandidato presidencial y excongresista Rodolfo Hernández enfrenta un nuevo lío con la justicia, esta vez por hechos que habrían ocurrido en 2022, cuando iba a disputar la segunda vuelta presidencial contra Gustavo Petro. Este viernes, el exalcalde de Bucaramanga, Santander, y líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción fue imputado, junto con su esposa, Socorro Oliveros, por el delito de financiación irregular de campaña política, ya que habría ingresado aproximadamente $220 millones a su campaña directamente desde sus arcas, mientras que era investigado por el caso Vitalogic, en el que se indagan irregularidades en contratos de basura en la capital santandereana.
Rodolfo Hernández y Socorro Oliveros, quien era la gerente de la campaña presidencial de su esposo, se declararon inocentes de los delitos por los presuntos hechos que ahora los tiene bajo investigación formal de la Fiscalía. Dentro de sus pruebas, el ente investigador encontró que al parecer la señora Oliveros permitió el ingreso de seis aportes provenientes de recursos propios del excandidato Hernández, que se realizaron entre el 24 de marzo y el 23 de abril de 2022, y que iban desde los $2.500 hasta los $100 millones. Estas transacciones, dice la Fiscalía, suman aproximadamente $227 millones.
El caso que tiene ahora a la pareja Hernández Oliveros bajo la mira del ente investigador tiene su génesis en una demanda presentada en junio de 2022 por los abogados vallecaucanos Óscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada. El documento que presentaron los dos demandantes sostiene que la pareja de esposos habría incurrido en una violación a la Ley 1475 de 2011, la cual se encarga de regular la financiación de las campañas políticas en Colombia. El recurso resalta que, según la norma mencionada, cuando una persona está siendo procesada judicialmente por algún delito contra la administración pública -como Hernández por el caso Vitalogic- no puede aportar dineros a una campaña política.
Fuentes y Luján en su demanda señalaron que, según la 1475, así fueran recursos del propio Hernández, no podrían entrar a la campaña por su lío judicial pendiente. Por su parte, la Fiscalía señaló durante la audiencia de este viernes que los esposos Hernández
Oliveros tenían pleno conocimiento de la imposibilidad del excandidato para financiar su propia campaña, debido a la acusación que tiene en su contra. Con ese argumento, la representante del ente investigador en el caso dijo que Hernández, de 78 años, y Oliveros, de 73, “de manera consciente, voluntaria y dolosa decidieron violar la prohibición de la norma”, delito ante el que responderán como presuntos coautores.
Durante la diligencia de este viernes, la fiscal del caso afirmó que concretamente hubo seis ingresos de dineros de Hernández a su propia campaña. El ente investigador dijo que la primera transacción registrada fue del 28 de marzo de 2022, por la suma de $5.000 y la segunda fue por $647.000 el 24 de marzo de ese mismo año. La Fiscalía encontró que el 8 de abril hubo un ingreso mucho más alto a la campaña del candidato de la Liga de Gobernantes
Anticorrupción: $100 millones en efectivo. Por último, se expuso que el 11 de abril de ese año se recibieron $20 millones, el 25 de marzo ingresaron $2.500 millones y, por último, el 23 de abril de 2022 entraron desde las arcas de Hernández otros $100 millones.
Los dineros mencionados habrían quedado prohibidos para la campaña por otro caso en el que la Fiscalía investiga al político y empresario por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en el que habría incurrido cuando ejercía como alcalde de Bucaramanga (2016-2019). El 10 de agosto de 2020, cuando Hernández era congresista, la Fiscalía radicó la acusación contra él, señalándolo de participar en hechos de corrupción en un contrato de asesoría para la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB). Al parecer, intervino para que el Acuerdo 096 de 2016 fuera adjudicado a la empresa Vitalogic RSU, para implementar nuevas tecnologías en el relleno sanitario de El Carrasco.
Según los señalamientos de la Fiscalía en el caso Vitalogic, el hijo de Rodolfo Hernández, Luis Carlos Hernández, habría pactado repartir comisiones por la adjudicación de ese contrato a la empresa Vitalogic RSU. El acuerdo, dijo el ente investigador en su momento, contó con las firmas del asesor de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Jorge Hernán Alarcón, y el contratista de Vitalogic, Carlos Gutiérrez. Ese expediente reza que “antes de que se iniciara la licitación de las basuras en Bucaramanga, ya el alcalde Rodolfo Hernández había designado a unas personas para que realizaran los pliegos de la licitación y la misma fuera adjudicada a la empresa de su preferencia, esto con el fin de que su hijo Luis Carlos Hernández recibiera un pago de US$100 millones”.
El llamado caso Vitalogic ha saltado entre juzgados y la misma Corte Suprema de Justicia, cuando, después de quedar segundo en las elecciones presidenciales de 2022 contra el hoy presidente Gustavo Petro, Hernández llegó a ocupar una curul en el Congreso. Hernández solo trabajó como senador de la República entre agosto y noviembre de 2022, pero cuando estalló el caso el alto tribunal tuvo que entrar a investigarlo; sin embargo, en noviembre presentó su renuncia a su curul en el Senado, por lo cual la investigación tuvo que pasar de manos de la Corte Suprema de Justicia a las de la Fiscalía.
››El documento que presentaron los dos demandantes sostiene que la pareja de esposos habría incurrido en una violación a la ley que regula la financiación de las campañas políticas en Colombia.