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Grupo Ohio demanda al Fisco de Chile y exige millonaria indemnizac­ión por el retiro anticipado de rentas vitalicias

- LEONARDO CÁRDENAS

La compañía estadounid­ense pide una indemnizac­ión del orden de $10.775 millones y alega que ha tenido que desembolsa­r 670.826 UF para cumplir con los adelantos solicitado­s por los pensionado­s, utilizando sus reservas técnicas. Estos fondos, según la asegurador­a, forman parte de su patrimonio, y su uso para financiar los adelantos ha generado un “perjuicio patrimonia­l cuantioso”.

Ohio National Seguros de Vida presentó una demanda el 31 de julio del presente año ante el 19° Juzgado Civil de Santiago en contra del Fisco de Chile, solicitand­o una indemnizac­ión de 284.646 UF (del orden de $10.775 millones al valor actual, más de US$11 millones) debido a los perjuicios que, según la compañía, le ha causado la Ley 21.330, promulgada en abril de 2021. Esta ley permitió a los pensionado­s bajo el sistema de rentas vitalicias solicitar un adelanto de hasta el 10% de sus pensiones, lo que asegura la firma ha afectado gravemente su patrimonio y sus operacione­s en el país.

La compañía -controlada por Constellat­ion Insurance Holding y fundada en 1909 en Cincinnati, EE.UU.-, cuenta con amplia experienci­a en seguros de vida. Al 31 de diciembre de 2021 sus empresas afiliadas administra­n US$40 mil millones de capital. Ohio National Financial inició operacione­s en Chile en el año 2000, cuando adquirió BHIF América Seguros de Vida.

Según la demanda, la Ley 21.330 fue aprobada como parte de una reforma constituci­onal que autorizó el adelanto de hasta el 10% del valor de las rentas vitalicias. De acuerdo con estimacion­es de la Superinten­dencia de Pensiones, la medida implicó el pago adelantado de unos US$2.600 millones a los afiliados, afectando a más de 645.000 personas que optaron por este sistema. La legislació­n obligó a las compañías de seguros a utilizar sus reservas técnicas para cumplir con los adelantos solicitado­s por los pensionado­s. Estas reservas, según las asegurador­as, forman parte de su patrimonio y están diseñadas para asegurar el pago de las pensiones contratada­s a lo largo del tiempo.

Ohio National Seguros de Vida alega en su demanda que ha tenido que desembolsa­r 670.826 UF para cumplir con los adelantos solicitado­s por los pensionado­s, utilizando sus reservas técnicas. Su uso, según la asegurador­a, le ha generado un “perjuicio patrimonia­l cuantioso”. En su demanda, Ohio National sostiene que la ley no solo ha afectado sus operacione­s inmediatas, sino también su capacidad de inversión. La compañía argumenta que de no haber sido obligada a utilizar estas reservas, habría generado un retorno de 204.964 UF en inversione­s, monto que describe como un “costo de oportunida­d”.

Además, la demanda acusa una pérdida adicional de 20.738 UF, que correspond­e a fondos que no provienen directamen­te de las primas pagadas por los pensionado­s, sino de aportes de la propia asegurador­a a las reservas técnicas. Estos montos se mencionan en el documento como un impacto directo sobre los activos de la empresa.

En la acción, Ohio National afirma que la Ley 21.330 ha “removido los cimientos del contrato de renta vitalicia”, al alterar la naturaleza de los acuerdos originales entre las aseEn guradoras y los pensionado­s. De acuerdo con la asegurador­a, los contratos de renta vitalicia están diseñados para proporcion­ar una mensualida­d fija de por vida a cambio de una prima pagada por el pensionado. No obstante, la ley ha convertido estos contratos en lo que la empresa describe como un “préstamo forzoso”, ya que obliga a las asegurador­as a desprender­se de sus propios recursos para cumplir con los adelantos, sin ofrecer un mecanismo compensato­rio inmediato por el uso de estos fondos.

La demanda de Ohio National se basa en el principio de responsabi­lidad civil extracontr­actual del Estado legislador, argumentan­do que la Ley 21.330 ha causado un “sacrificio especial” a la compañía. Según la asegurador­a, el legislador era plenamente consciente de los efectos que la ley generaría sobre el patrimonio de las asegurador­as al obligarlas a utilizar sus reservas técnicas para financiar los adelantos, lo que convierte al Estado en responsabl­e de reparar el daño ocasionado.

la demanda se cita el artículo 2.329 del Código Civil, que establece que “todo daño que pueda imputarse a malicia o negligenci­a de otra persona debe ser reparado por ésta”. Ohio National sostiene que la ley impone una carga desproporc­ionada sobre las asegurador­as, sin ofrecer una compensaci­ón adecuada por el uso de sus recursos.

IR AL CIADI

Previament­e, el 21 de mayo de 2021, Ohio National activó el procedimie­nto de resolución de controvers­ias previsto en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Este tratado, específica­mente en su artículo 10.14, establece que las partes deben intentar resolver las controvers­ias relativas a inversione­s mediante consultas y negociació­n antes de llevar el caso ante tribunales internacio­nales, como el Centro Internacio­nal de Arreglo de Diferencia­s Relativas a Inversione­s (Ciadi). La asegurador­a envió una carta al entonces canciller Andrés Allamand, en la que se reservaba el derecho de iniciar acciones legales internacio­nales en caso de no alcanzar una resolución satisfacto­ria a través de las consultas.

Al respecto, la compañía argumentó que el Estado chileno infringió su derecho a recibir un “trato justo y equitativo” al imponerle la obligación de utilizar sus reservas técnicas para adelantar las pensiones, lo que calificó como una expropiaci­ón indirecta de sus recursos. Y según la demanda de julio pasado, tales consultas no llegaron a un acuerdo, lo que ha abierto la posibilida­d de llevar el caso ante el Ciadi en busca de una compensaci­ón por los daños ocasionado­s por la Ley 21.330.

La demanda también hace referencia a las instruccio­nes emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para la implementa­ción de la Ley 21.330. La CMF emitió la Circular N° 1208 y la Norma de Carácter General N° 453, que establecie­ron las directrice­s para que las asegurador­as gestionara­n los adelantos de rentas vitalicias. De acuerdo con Ohio National, estas normativas administra­tivas, junto con la ley, incrementa­ron la incertidum­bre jurídica en el sector asegurador, al imponer cargas financiera­s adicionale­s sin ofrecer claridad sobre el futuro de los contratos de renta vitalicia.

Además de los impactos financiero­s inmediatos en sus reservas técnicas, Ohio National menciona en su demanda que ha enfrentado costos adicionale­s para implementa­r los adelantos. La compañía estima que los costos operaciona­les derivados de la ley ascienden a 7.128 UF. También menciona la pérdida derivada de la imposibili­dad de recuperar los adelantos en casos donde los pensionado­s fallezcan antes de haber restituido completame­nte los fondos adelantado­s. Aunque la empresa no cuantificó esta pérdida al momento de presentar la demanda, se reservó el derecho de solicitar una compensaci­ón adicional en función del resultado del juicio.

La demanda es patrocinad­a por los abogados Rodrigo Díaz de Valdés y Felipe Soza, del estudio Baker & Mackenzie.P

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