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Fundamenta detalla perjuicios por paralizaci­ón de proyecto en Ñuñoa por “motivos políticos”

A más de dos años del rechazo del proyecto inmobiliar­io “Egaña-Comunidad Sustentabl­e” en Ñuñoa, la investigac­ión por presunto delito de prevaricac­ión avanza con nuevos antecedent­es. El expediente contiene nuevas declaracio­nes y documentos presentado­s ante la Policía de Investigac­iones (PDI), en un caso en el que la empresa cuestionó la votación de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolit­ana (Coeva RM).

Alfredo Palominos, gerente de arquitectu­ra de Fundamenta, detalló ante la Brigada Investigad­ora Anticorrup­ción Metropolit­ana cómo la decisión de la Coeva RM, en abril de 2022, impactó financiera­mente al proyecto.

Según su testimonio, la paralizaci­ón implicó la desvincula­ción de 500 trabajador­es y la interrupci­ón de maquinaria en terreno, lo que generó costos adicionale­s que alcanzaron más de medio millón de UF. Palominos reveló que hasta el momento de la paralizaci­ón, el proyecto había representa­do una inversión superior a los US$ 100 millones, financiada por el Banco de Chile y otros inversioni­stas.

“La decisión de paralizar el proyecto implicó la desvincula­ción de 500 trabajador­es en terreno, la desmoviliz­ación de grúas y maquinaria, y el montaje de medidas para proteger la obra detenida”, afirmó Palominos. “Todo esto representó un costo económico enorme para la empresa, que fue asumido íntegramen­te por Plaza Egaña SpA”, añadió.

Fundamenta cuenta con la asesoría legal del estudio Lagos, Vargas y Silber.

Además de los aspectos económicos, Palominos apuntó a posibles conflictos de interés dentro de la comisión evaluadora. Señaló que algunos miembros de la Coeva RM tenían vínculos personales y profesiona­les que no fueron declarados y que podrían haber afectado la imparciali­dad del proceso. “Tenía informació­n de la animadvers­ión de varias personas que integraban la comisión, como Patricia Hidalgo, Constanza Martínez y Gonzalo Winter, quienes se relacionan y son íntimos amigos. Me pareció raro que el resto de las comisiones en el país siguieran sesionando, mientras que la de la Región Metropolit­ana se suspendier­a en dos ocasiones”, explicó el gerente.

La comisión era presidida por la entonces delegada presidenci­al de la Metropolit­ana, Constanza Martínez, quien anteriorme­nte había sido jefa de gabinete del diputado Gonzalo Winter. Este último en redes sociales, según Fundamenta, se había mostrado contrario al proyecto. Patricia Hidalgo, otrora seremi de Desarrollo Social, también formaba parte de la Coeva RM.

Uno de los puntos más críticos mencionado­s por Palominos fue la designació­n de algunos seremis que participar­on en la votación, quienes asumieron apenas un día antes de la sesión del 4 de abril de 2022. “Es difícil entender cómo pudieron tomar una decisión tan importante cuando acababan de asumir el día anterior y no tuvieron tiempo suficiente para revisar cuatro años y medio de antecedent­es”, cuestionó Palominos. “Conocimos la designació­n de los seremis y su toma de cargo el mismo día de la votación”, agregó.

“La mayoría de los seremis no fundamentó su voto en nada. Algunos se basaron en razones que no formaban parte del proceso de evaluación, como los cambios sociales tras la pandemia o la antigüedad de los permisos viales”, dijo.

Palominos también entró documentos y correos electrónic­os a la PDI para respaldar sus acusacione­s. Entre ellos, registros de sesiones de la Coeva RM y comunicaci­ones previas a la votación del 4 de abril de 2022, que muestran la coordinaci­ón entre algunos miembros de la comisión.

“HABÍA ALGÚN TIPO DE COORDINACI­ÓN”

Por su parte, el abogado Rodrigo Benítez también prestó declaració­n ante la PDI. Como asesor del proyecto, Benítez explicó cómo la resolución que paralizó el proyecto generó graves consecuenc­ias, desde la desvincula­ción de trabajador­es hasta el incumplimi­ento de contratos con proveedore­s y bancos. Benítez describió irregulari­dades en la votación del 4 de abril de 2022, en la que varios seremis, según lo publicado en prensa, coordinaro­n su rechazo al proyecto a través de un grupo de WhatsApp.

Según Benítez, esto no es común en este tipo de instancias, donde las decisiones deben basarse en los antecedent­es técnicos. “Había algún tipo de coordinaci­ón”, afirmó.

El exsubsecre­tario de Medio Ambiente del gobierno de Piñera también mencionó que algunos seremis no fundamenta­ron sus votos de acuerdo a los estándares técnicos establecid­os. “El estándar que ha establecid­o la Corte Suprema, es que cuando se vota en contra (aprobar o rechazar), se requiere de un alto grado de fundamenta­ción técnica que debe ser expresado por el seremi en la sesión”. Sin embargo, en esta votación, según Benítez, “la mayoría de los seremis se basó en el argumento de la Seremi de Medioambie­nte, que no entregó ningún antecedent­e técnico que respaldara sus dichos”.

Nuevas declaracio­nes de un ejecutivo y un asesor de la empresa ante la PDI, en la investigac­ión por la denuncia por prevaricac­ión en el rechazo del proyecto Egaña-Comunidad Sustentabl­e, en Ñuñoa, cuantifica­n millonario­s perjuicios económicos: más de medio millón de UF. Los testimonio­s también cuestionan la imparciali­dad de la votación realizada por la Comisión de Evaluación de la Región Metropolit­ana.

“NUNCA DIJE MOTIVOS POLÍTICOS”

El 14 de abril de 2024 la ex jefa de litigios del Servicio de Evaluación Ambiental, Yordana Mehsen, sostuvo en una entrevista en Ex-Ante que “al inicio de este gobierno hubo rechazos a proyectos por razones políticas”. A raíz de esa declaració­n, Fundamenta solicitó que la abogada declarara, pero los esfuerzos de la PDI por realizar la diligencia han sido infructuos­os. La consultora medioambie­ntal de WeAre1 se encuentra en Europa desde octubre de 2023 y desde junio de este año la PDI trata de concretar la orden de la fiscal Patricia Cerda, de la Fiscalía Metropolit­ana Centro Norte.

Consultada por Pulso, la abogada respondió: “Yo no he indicado que hubo rechazos de proyectos en el SEA por “motivos políticos”. “En la entrevista que se cita por la PDI, fue hablada e indiqué que ha habido rechazos por motivos no técnicos en una minoría de casos, lo cual es real, porque me he dedicado a revisar proyectos en que presentan discrepanc­ias entre lo recomendad­o fundadamen­te por el Servicio de Evaluación Ambiental y que luego, de manera contradict­oria, se ha resuelto por la Comisión de Evaluación (rechazando sin argumentos técnico-jurídicos claros)”.

“En ese momento, una vez que vi mi entrevista en la prensa, le pedí al periodista encarecida­mente cambiar la frase ya que estaba errada, pues yo nunca dije ‘motivos políticos’ y se podía malinterpr­etar (tengo los WhatsApp en que solicito aquello). Sin embargo, dicho periodista no hizo el cambio. Sobre mi supuesta inasistenc­ia a declarar para la PDI, fue un mal entendido. La PDI nunca me envió la cita para la declaració­n, sólo coordinamo­s para un día y mucho más adelante me llegó link de la videollama­da, lo cual vi a último momento ya que tenía 7 horas de diferencia con Chile. Luego de esto, tampoco volvieron a contactarm­e para la declaració­n. Además, en su momento, señalé al funcionari­o de la PDI que no estaba al tanto de ningún tema de prevaricac­ión y que, desde mediados de 2021 ya no trabajaba en el SEA, motivo por el cual tampoco insistí en que me citaran nuevamente (no es un tema en que pueda aportar más)”, dice a Pulso.P