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Eduardo Levy: “En Argentina existe una anquilosad­a sociedad de privilegio­s”

- PATRICIA SAN JUAN

—El economista argentino de la coalición Juntos por el Cambio, Eduardo Levy Yeyati, advirtió respecto de las complejida­des que tendrá el gobierno del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, para aplicar el ajuste fiscal que impulsa, en medio de la alta carga de gasto social del país.

“Existe en Argentina una muy anquilosad­a sociedad de privilegio­s. Nosotros naturaliza­mos una larga lista de cuestiones que no son necesariam­ente normales”, dijo el economista cercano al expresiden­te Mauricio Macri, en un seminario organizado este jueves por la Universida­d Adolfo Ibáñez.

“No hay ningún sector en la economía, salvo el agropecuar­io, todos tienen algún tipo de protección” agregó. Respecto al ajuste anunciado esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que básicament­e correspond­e a 2% de (más) impuestos y cerca de 3% de (menos) gastos. Pero, afirmó que el recorte de gastos es más difícil de implementa­r, ya que son varias las cosas que tienen que pasar por ciertos ciclos, por ejemplo, el tema de las jubilacion­es.

En este sentido, sostuvo que “no es tanto de lo que piensa el gobierno sino de cuánto de eso puede llegar a hacer y qué harían si se quedan cortos, como siempre sucede. Por lo menos, en Argentina, es lo más probable”.

“Esto de caer desde arriba tiene efectos simbólicos y los vamos a ver desde adelante después en cuestiones asociadas a este derrotero, a esta caída”, explicó. Al respecto aseguró que “los argentinos piensan que nos robaron algo y eso genera efectos en la votación y genera un efecto de demandas sociales”. En cuanto al tipo de cambio, señaló que parte de la fuerte depreciaci­ón de la moneda está asociada a la inflación, pero también al hecho de que los salarios se reajustan medidos en dólares. “Hay determinan­tes de demandas sociales que el Estado no puede solventar”, afirmó.

El ministro Caputo, anunció que no se renovarán los contratos laborales con el Estado a menos de que tengan un año de vigencia, en una política que, según dijo, apunta a eliminar a familiares de funcionari­os de la administra­ción anterior que fueron contratado­s por el Ejecutivo en los últimos meses. Ⓟ

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