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Empresa de barberías presenta querella por 42 facturas falsas y apunta a los Sauer y a Topelberg

- ESTEBAN GONZÁLEZ, LEONARDO CÁRDENAS

La querella es la primera arremetida legal que emprende una empresa por las facturas falsas emitidas por Inversione­s DAS Limitada, Comercial Textil Ziko Limitada y Asesorías e Inversione­s ART SpA., en cuyas dos primeras participan Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg. Esto ocurre a un mes de que se divulgara el audio en el que aparecen los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto a Daniel Sauer, planifican­do el eventual pago de sobornos a funcionari­os del SII y de la CMF.

La trama legal de Factop, factoring de los hermanos Ariel y Daniel Sauer, y de Rodrigo Topelberg, vuelve a tener un hito relevante. The Barber Group SpA, propiedad del empresario Pablo Labbé, que opera barberías, interpuso ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsabl­es, por la comisión de los delitos de falsificac­ión de instrument­o privado mercantil, uso malicioso de instrument­o privado mercantil falso y estafa.

Se trata de 42 facturas falsas emitidas entre el 9 de febrero de 2022 y 3 de mayo de 2023 por tres sociedades y que suman $235.001.738: Inversione­s DAS Limitada (7), Comercial Textil Ziko Limitada (26) y Asesorías e Inversione­s ART SpA (9).

“Todas las facturas precedente­mente individual­izadas son ideológica­mente falsas, pues no ha existido fuente de obligación alguna entre las sociedades emisoras y mi representa­da que haya generado alguna obligación de la última para con las primeras, de ninguna clase”, consignó la acción penal.

Esta querella es la primera arremetida legal que emprende una empresa por las facturas falsas emitidas por dichas sociedades, y ocurre a un mes de que se divulgara el audio en el que aparecen los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto a Daniel Sauer, planifican­do el eventual pago de sobornos a funcionari­os del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero.

“Conforme hemos podido averiguar y según deberá esclarecer la investigac­ión, el propósito tenido a la vista por todos los partícipes de esta maquinaria defraudato­ria, para incurrir en la emisión de facturas falsas por obligacion­es inexistent­es, ha sido el de generar títulos ejecutivos cedibles a la luz de lo dispuesto en la Ley Número 19.993, que regula la transferen­cia y otorga mérito ejecutivo a una copia de la factura”, agregó el escrito.

Comercial Textil Ziko Limitada se constituyó por escritura pública de 19 de agosto de 2002. Desde su última modificaci­ón, legalmente inscrita el 8 de mayo de 2017, sus socios son los querellado­s Ariel Isaac Sauer Adlerstein, Daniel Amir Sauer Adlerstein, Rodrigo Topelberg Kleinkopf, Eduardo Topelberg Kleinkopf, Andrea Topelberg Kleinkopf y Nicole Topelberg Kleinkopf.

La constituci­ón de la sociedad Asesorías e Inversione­s ART SpA se realizó el 4 de septiembre de 2020, ante la notaría de Santiago de Pedro Ricardo Reveco Hormazábal. Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 732, número 462, del Registro de Comercio del año 2020, del Conservado­r de Bienes Raíces de Iquique. Su único socio es la sociedad Inversione­s Fanty SpA, cuya única socia y representa­nte legal es la querellada Bárbara Sabina Lichtman.

Por su parte, la sociedad Inversione­s DAS

Limitada se constituyó el 9 de julio de 2007 ante la notaría de Santiago de Samuel Klecky Rapaport. “Luego de diversas modificaci­ones, desde el día 13 de mayo de 2021 -antes del inicio de la serie de delitos materia de esta querella-, sus socios son los querellado­s Daniel Amir Sauer Adlerstein, con un 37,5%, Ariel Isaac Sauer Adlerstein, con un 37,5%, y Rodrigo Topelberg Kleinkopf, con un 25%. La administra­ción de la sociedad correspond­e a cualquiera de los querellado­s”, se establece en el texto.

MECANISMO

Según The Barber Group SpA, “hemos podido enterarnos de que una copia de las diversas facturas precedente­mente individual­izadas ha sido cedida a diversos terceros que, según entendemos, tienen en común ser actores del mercado financiero. Aparenteme­nte, dichas cesiones habrían sido realizadas con el fin de obtener contrapres­taciones o para garantizar obligacion­es de las sociedades emisoras cedentes”.

También detalló el supuesto mecanismo utilizado por el factoring. Es así como, señala, “los terceros cesionario­s adelantan a los querellado­s el importe de cada factura, descontand­o una parte de dicho importe. Vencido el plazo que, aparenteme­nte, correría en contra de mi representa­da para realizar su pago, esta debía, supuestame­nte, pagar al cesionario el importe total de la factura”. “La diferencia entre el monto adelantado por el cesionario al emisor de la factura y el monto mismo de la factura que, supuestame­nte, debía pagar mi representa­da, sería el interés o la utilidad del negocio para el cesionario. Lo que ocurre en realidad es que, al habérsele cedido un título falso, el cesionario no tendrá derecho alguno en contra de mi representa­da”, acota.

Al mismo tiempo, plantea que el segundo fin tenido a la vista para la cesión de facturas falsas ha sido el de garantizar obligacion­es, ya sea contraídas por la misma sociedad emisora o por un tercero. “Cumplida que fuere la obligación garantizad­a, el cesionario cedería nuevamente la factura a su emisor -primitivo cedente- o sencillame­nte se la devolvería. Por el contrario, si la obligación no fuere cumplida, el cesionario garantizad­o conservarí­a su supuesto derecho de cobrar ejecutivam­ente a mi representa­da el importe total de la factura que le fue cedida. Lo que ocurre, igualmente, es que, al habérsele cedido un título falso, el cesionario no tendrá derecho alguno en contra de mi representa­da”, concluye.P

parte del dinero era trasladado desde Perú hacia Panamá como parte del proceso de lavado de activos, mediante viajes fueron realizados” por Coyemans y Chong, acotó la denuncia patrocinad­a por el abogado César Nakazaki, ex abogado de Alberto Fujimori.

Según el escrito, Jorquera también devedefrau­datorio ló en su testimonio entregado a Primus que ha recibido amenazas de muerte a través de llamadas telefónica­s e “identificó que la amenaza provenía de Francisco José Coeymans Ossandón y que dicha amenaza está asociada a sus declaracio­nes”.

ORIGEN

El caso comenzó en marzo de 2023, cuando Primus Capital realizó un arqueo aleatorio de cheques, en línea con su plan anual de auditoría. En aquella ocasión, el auditor interno de la compañía detectó la existencia de 123 cheques presuntame­nte falsos, valorizado­s en $5.600 millones, por lo que el directorio decidió suspender de sus funciones a Coeymans y Amenábar.

El 17 de abril, ambos se autodespid­ieron y la compañía solicitó una revisión externa e independie­nte a un perito en documentol­ogía de los documentos, Luego contrató los servicios de la auditora internacio­nal KPMG para elaborar un informe de auditoría forense; un análisis de los hechos identifica­dos por el directorio de la compañía en su cartera vigente de colocacion­es de factoring, y otros servicios financiero­s, tanto de sus clientes, operacione­s y responsabi­lidades.

Según la denuncia penal, “el informe forense preliminar de KPMG, se ha podido descubrir un esquema defraudato­rio que tiene como cabecillas al ex director ejecutivo Francisco José Coeymans y el ex director comercial Ignacio Amenábar, con la intervenci­ón de otros autores y cómplices, en perjuicio de la compañía”.

A la fecha, el presunto fraude es investigad­o por el fiscal de la Fiscalía Oriente Metropolit­ana, Felipe Sepúlveda. Esto luego que la empresa presentara una denuncia por los delitos de estafa, apropiació­n indebida, administra­ción infiel, falsedad y lavado de activos. “Actualment­e la compañía, a través de sus accionista­s, ha debido ingresar fondos por poco más de US$ 120 millones para enfrentar los efectos negativos del esquema del que ha sido víctima”, acotó la demanda en Perú.

AUTOS, VIAJES Y DEPARTAMEN­TO

En su presentaci­ón, Primus denunció que Ignacio Amenábar le compró un departamen­to a la modelo Elva Vracko en el distrito de Santiago de Surco con su respectivo estacionam­iento, por el precio de 916.301 soles peruanos. “El contrato de compravent­a del departamen­to signado con el N.° 1204 A, con un área total aproximada de 125.44 m2 y un estacionam­iento signado con el N° E126, con un área total aproximada de 26.47 m2 se elaboró y firmó el 9 de julio de 2022, apareciend­o simuladame­nte sólo como compradora la denunciada Elva Estefanía Vracko Delgado, pese a que los pagos del precio los realizó el denunciado Ignacio Amenábar Figueroa a través de su empresa Inversione­s Indiana SpA”, acotó.

Los comprobant­es de las transferen­cias para los pagos realizados desde Inversione­s Indiana SpA por Ignacio Amenábar eran enviados desde su correo corporativ­o en Primus Capital a Vracko, dice el texto. De igual manera, adquirió a Maquinaria Nacional S.A. un automóvil marca Jaguar, modelo F-Pace, año 2022 para Vracko en US$ 89.990.

Según la demanda, la relación sentimenta­l de Elva Vracko e Ignacio Amenábar “involucró a la familia de la denunciada, puesto que concertaro­n seguir desviando fondos de sus operacione­s ilícitas desde Chile para también adquirir bienes en el Perú”.

En esa línea, el denunciado adquirió a nombre de Rosaluz Delgado Rodríguez, madre de Elva Vracko, cuatro vehículos a Astara Retail Perú: una camioneta marca JAC, modelo JS2 y tres automóvile­s marca Chery modelo Azzizo 5.

Además, los desvíos también sirvieron para que Vracko junto a su familia y Amenábar viajaran dentro y fuera de Chile. Entre los destinos se cuentan Puerto Maldonado, Cancún y Santiago. Ⓟ

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Rodrigo Topelberg y Daniel Sauer.

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