Presupuesto 2024 sin perspectiva: algunas partidas vinculadas a políticas de género no se ejecutaron
Este año la inversión en cuestiones como víctimas de trata o de violencia fue cero. El presupuesto de 2023, que es el vigente, implicó una gran caída en la mayoría de los gastos del Estado en términos reales ya que la inflación fue del 276,2% interanual, según los últimos datos oficiales. En cuestiones vinculadas a disminuir la brecha de género o frenar la violencia machista la baja en los gastos superó el 60%.
En total afectan a 42 programas que estaban vigentes el año pasado y que dependen de diferentes organismo estatales. Según un informe de CEPA solo funcionan veinte de ellos.
La prórroga del presupuesto 2023 con una inflación interanual del 276,2% produjo una brusca caída real en todas las partidas presupuestarias del Estado. La situación también es marcada en el caso de las partidas destinadas a políticas que tienden a disminuir la brecha de género en Argentina, y que se redujeron en términos reales. En algunos casos, incluso, tampoco se ejecutaron.
Los programas dentro de lo que se conoce como Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) son, según lo define un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “actividades que dependen de una amplia variedad de organismos del Estado que contribuyen a reducir las brechas de género existentes”, y que este año se contabilizan en veinte. “Para 2024, la cantidad es considerablemente menor que en 2023, cuando se habían etiquetado 42 programas”, explicaron. Más allá de esta reducción, las iniciativas cuentan con el mismo presupuesto de 2023.
Según ONU Mujeres estos presupuestos están compuestos por “iniciativas destinadas a analizar y transformar los presupuestos públicos con el objetivo de que gastos e ingresos reflejen el reconocimiento de impactos diferenciados para hombres y mujeres, generando cambios en la recaudación y distribución de los recursos públicos para lograr impactos positivos en la igualdad de género”.
De acuerdo a un informe de esta organización, las primeras iniciativas de América Latina surgieron en México, en 1997, y actualmente se identifican al menos 91 experiencias en 17 países de la región.
Pero Argentina va en retroceso en este sentido: “Los programas etiquetados son ejecutados por 17 organismos del Estado e incluyen cuatro ministerios. Las partidas PPG tienen un presupuesto estimado de $ 5.727.877 millones, que representa el 14% del presupuesto total del Estado nacional, casi 1 punto porcentual por debajo de lo que representaba el año anterior”, afirmaron desde CEPA.
“Los programas más relevantes etiquetados como PPG están vinculados con políticas de Anses y del Ministerio de Capital Humano, tales como: jubilaciones, pensiones, y programas sociales. Concretamente: las prestaciones previsionales por moratoria, Asignación Universal para Protección Social y pensión para madres de más de 7 hijos, junto con el Plan Potenciar Trabajo, conforman cerca del 98% del total del presupuesto etiquetado”.
En este sentido, vale recordar algunos datos mencionados en el documento: el 78% de las mujeres accede a una jubilación mínima por vía de una moratoria, debido a la desigualdad de oportunidades en el acceso a un empleo registrado y a la distribución de las tareas de cuidado. Por otro lado, el 63% de quienes cobran el programa Potenciar Trabajo son mujeres. El poder de este programa cayó prácticamente a la mitad a marzo de este año. La Cepal también destacó este punto en informes recientes sobre el caso argentino. En sus análisis indicaba que las prestaciones por moratoria “reconocen al trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el ámbito de sus hogares, y a las mujeres que trabajan en el mercado informal, por lo que no poseen aportes jubilatorios”.
“El programa Acompañar, que perciben las mujeres y diversidades en contextos de violencia de género, perdió un 30% de su poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei, a la par de que se detuvieron las altas, con lo cual el programa tendería a desaparecer”, destacaron desde CEPA.
La Cepal también hizo referencia a este programa, y señaló que el objetivo principal es “fortalecer su independencia económica y contribuir a que tengan condiciones básicas para la construcción de un proyecto de vida autónoma y sin violencia”. Son los gobiernos provinciales los que están a cargo de la inscripción de las personas. En términos reales, las partidas destinadas a jubilaciones por moratoria cayeron el 56,04%; en Pensiones no Contributivas Madres de 7 o más Hijos, el 67,47%; y en Acciones de Reparación de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Hijos de Víctimas de Femicidio, la caída fue del 67,47%.
En cuanto a la ejecución de ese presupuesto, señalaron desde CEPA, “más del 70% de las actividades mantiene su ejecución en 0”. Entre las políticas a las que no se ha destinado aún ningún recurso están el Rescate y acompañamiento a las víctimas de trata, y la Protección de víctimas de violencia. La Agenda 2030 incluyó, en el punto cinco, “la proporción de países que cuentan con sistemas para dar seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y a asignar fondos públicos para ese fin”. Este punto mide cuestiones como la intención de un gobierno de abordar la igualdad de género, la disponibilidad de mecanismos públicos para dar seguimiento a la asignación de recursos, y la transparencia en el destino de estos gastos.