La Justicia argentina frente al efecto “no hay plata”
No es esta la primera vez que el Poder Judicial se ve afectado por recortes. Y esto se hará sentir inmediatamente en los juzgados, como en otros momentos difíciles de nuestro país.
Tristemente, es una pel ícula que ya vimos: menos presupuesto en las instituciones que resuelven los prob l ema s cotidianos del pueblo –sobre todo las que forman parte de los Estados provinciales–, significa más y más obstáculos en el desenvolvimiento de mecanismos que ya vienen atrasados en materia de modernización.
Esta situación plantea un dilema trascendente: ¿Es posible innovar, en el ámbito judicial, cuando no hay dinero para invertir en ello? La respuesta es sí, en la medida en que nuestra capacidad sea la que destaque. Dicho de otra forma, es hora de comprender que la transformación digital, se asienta más sobre el cambio en la mentalidad de quienes toman decisiones que sobre la inversión económica que se pone en juego.
Como es sabido, el sector judicial argentino enfrenta, desde hace tiempo, desafíos únicos derivados de su inadecuada estructura y la carencia de políticas públicas estables y de largo plazo.
Sin embargo, en medio de este panorama, hay iniciativas que se destacan por su capacidad para mejorar significativamente esta realidad.
Las herramientas opensource son un recurso invaluable en este contexto. Estamos hablando de sistemas informáticos cuya concepción hace posible que cada quien los adapte, modifique, utilice y escale. Programas de código abierto como Tensorflow, Apache, Bonita BPM, Spark y Keras han sido empleados por varios organismos públicos para crear modelos de aprendizaje automático, utilizarlos como servidores, automatizar tareas, gestionar procesos, y solucionar problemas de audio y video, entre otras funciones.
La utilización de estas herramientas en la Justicia ya es una realidad en varias jurisdicciones argentinas, lo que demuestra que el cambio es factible.
Pero sabemos que la innovación tecnológica, por sí sola, no mejora la Justicia. Es imperativo que las iniciativas de quienes se animan a dominar herramientas como las citadas sean respaldadas por las autoridades.
En este punto, hay dos ejes centrales que deberían guiar todo análisis al respecto.
En primer lugar, a nivel nacional, debería existir un plan estratégico por parte del Ministerio de Justicia que siente las bases –consensuadas– para desplegar acciones robustas que terminen marcando un verdadero cambio en la gestión procesal.
En segundo orden, íntimamente ligado con lo anterior, el personal de la Justicia debe estar dispuesto a adoptar nuevas formas de trabajar, más ágiles y eficientes. El cambio cultural descrito es, quizás, el desafío más grande, pero su implementación es crucial. La clave es encontrar los incentivos necesarios para que este viraje sea profundo, estable y duradero.
La buena noticia es que varios organismos ya han demostrado efectividad a través de propuestas innovadoras desarrolladas con recursos limitados. Estos proyectos están marcando la diferencia y estableciendo estándares que son referencia en toda América Latina. Cito algunos casos: el sistema predictivo Prometea, en la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sistemas que automatizan despachos como Thor en los juzgados civiles nacionales; asistentes virtuales para la búsqueda de jurisprudencia como Doctia o programas que aceleran el proceso de homologación de acuerdos laborales como Concilia en la provincia de Mendoza, son testimonios de que es posible lograr cambios con creatividad y determinación.
A la vista de los ejemplos enumerados queda claro que el ajuste económico no puede ni debe ser una excusa para la falta de acción, sino un impulso para la innovación con mayor creatividad. Sería deseable que miremos la crisis que hoy nos toca atravesar como una oportunidad para repensar y transformar el sistema judicial y hacerlo verdaderamente más accesible, rápido y justo para la ciudadanía. La tecnología open-source y el cambio de mentalidad son las claves para desbloquear este potencial.
En este sentido, es vital destacar el rol de la alfabetización. Las universidades y colegios de la abogacía tienen un papel fundamental en este proceso: les toca poner en agenda la innovación tecnológica y reflexionar sobre los modos adecuados en el abordaje de la doble transición, digital y generacional.
Otro aporte significativo lo aportan vecinos con los que sería bueno comunicarnos más. Aprender de las experiencias de Brasil y Chile, entre otros, y adaptar soluciones exitosas a la realidad local es deseable toda vez que permite innovar sin inventar la rueda todos los días.
En definitiva, el efecto “no hay plata” pone al sector judicial contra las cuerdas, pero obliga a salir por el lado de la innovación tecnológica y creativa. Esa es la oportunidad. Si la combinamos con un cambio cultural profundo, traerá mejoras significativas en la administración de Justicia.
De nada vale refugiarse bajo el paraguas del cambio de gestión. Es posible dar respuestas propias de la inteligencia humana al ajuste; son las que están al alcance de nuestras manos, y en Argentina sabemos de ello. Es cuestión de voluntad.
*Abogado experto en nuevas tecnologías.
La buena noticia es que varios organismos ya demostraron efectividad a través de propuestas innovadoras desarrolladas con recursos limitados