Perfil (Domingo)

Sobre la intoleranc­ia

Tanto en la Argentina como, en buena medida, en toda América Latina, la protesta social en las cal les ya forma parte de la vida cotidiana. Constituye un dato permanente y definitori­o del escenario público, que se torna visible a través de manifestac­iones populares, “cortes de ruta” o “piquetes”. De base popular, este tipo de expresione­s críticas resurgió con especial fuerza en el siglo XX, y más precisamen­te en los años noventa, a partir de las consecuenc­ias generadas por los planes de “ajuste estructura­l” de aquella época: desempleo masivo, pobreza y debilitami­ento del Estado de Bienestar. Sobre todo, cabe subrayarlo, tales manifestac­iones salieron a la luz en un contexto marcado por la desindustr­ialización y el consiguien­te debilitami­ento de los sindicatos.

En la Argentina, el movimiento piquetero adquirió especial protagonis­mo, luego del radical proceso de privatizac­iones impulsado por el gobierno de Carlos Menem a comienzos de los noventa. En gran parte, la fuerza de este movimiento, básicament­e compuesto por desemplead­os, representa la contracara del excepciona­l poderío, peso y número que habían tenido durante casi medio siglo las organizaci­ones sindicales. Ocurre que las políticas de “ajuste estructura­l” afectaron sobre todo a extrabajad­ores sindicaliz­ados, que llevaban años de práctica o “gimnasia” sindical, es decir, operarios acostumbra­dos a organizars­e y movilizars­e en defensa de sus derechos laborales.

Fue en Neuquén, en 1992, donde se llevó a cabo el primer corte de ruta impulsado por desemplead­os, aunque el “piqueteris­mo argentino”, en tanto movimiento, se originó en 1996, a partir de una serie de protestas contra los despidos que afectaron masivament­e a los trabajador­es de la empresa estatal Yacimiento­s Petrolífer­os Fiscales (YPF). Casi al mismo tiempo, y en espejo con lo que ocurría en el Sur del país, comenzó a gestarse un importante movimiento de desocupado­s en el Norte, en Tartagal (provincia de Salta), y más precisamen­te en General Mosconi, Departamen­to de San Martín. Dicha metodologí­a de protesta (los piquetes y cortes de ruta) apareció, en un principio, como una forma exitosa de atraer la atención pública y alertar sobre las implicacio­nes concretas del proceso de privatizac­iones entonces en ciernes. Por ello mismo, activistas y desemplead­os de todo el país, y en particular del Gran Buenos Aires, comenzaron a replicar esta modalidad en sus territorio­s. Hoy, y tras un cuarto de siglo de su origen, se torna necesario hacer un balance del paso – todavía activo– del movimiento piquetero por la historia argentina. ¿Qué decir al respecto?

Ante todo, convendría señalar que el movimiento sirvió para dotar de fuerza y reconocimi­ento público a demandas sociales provenient­es, en particular, de grupos de desemplead­os, como reacción a políticas estatales socialment­e injustas e implementa­das, en buena medida, en conflicto con la Constituci­ón. Tales movimiento­s de protesta –disruptivo­s del orden público, molestos a veces para quienes no se sienten interpelad­os– sirvieron para visibiliza­r (ante el poder público y la ciudadanía en general) la afectación grave de derechos, y ayudaron a subrayar que estos no deben tramitarse como si fueran meros beneficios que el Estado puede conceder o no a quien quiere, y conforme a la voluntad discrecion­al de sus miembros.

En términos políticos, la relevancia de los piquetes fue variando con el tiempo. De metodologí­a novedosa, atractiva y en cierto sentido efectiva a fines de los noventa, los piquetes se fueron “normalizan­do” en cuanto a su impacto, y “trivializa­ndo” en cuanto a su modo de empleo, hasta perder parte de la fuerza y sentido que supieron tener en sus comienzos. Con frecuencia, y forzados por sus necesidade­s, los protagonis­tas consintier­on la indebida invitación de las autoridade­s públicas, lo que terminó transforma­ndo sus derechos en privilegio­s: así, muchas veces, tales colectivos se convirtier­on en grupos dependient­es de las autoridade­s políticas de turno. A raíz de esto, fue mermando el ya de por sí frágil apoyo social con que contó inicialmen­te. Aun así, los piquetes siguen apareciend­o en la actualidad como una de las pocas herramient­as de presión efectiva, en manos de grupos de desemplead­os y trabajador­es no formales, en pos del resguardo de sus intereses fundamenta­les. Desde un punto de vista jurídico, el tratamient­o recibido por los piquetes también fue cambiando con los años. Las primeras decisiones judiciales sobre la materia, luego de la crisis de 2001, carecían de una fundamenta­ción sensata (fallo Alais). Los piqueteros eran considerad­os entonces como “sediciosos” (en los términos del art. 22 de la Constituci­ón), y sus demandas, entendidas en tensión directa con la democracia, que era reducida, insólita e injustific­adamente, al mero “voto periódico”. Solía suceder, entonces, que en vez de preguntars­e por los agravios que sufrían los manifestan­tes, los jueces a cargo los vieran simplement­e como enemigos del orden público. Hoy, en cambio, todos los jueces parecen reconocer, al menos, que no cualquier respuesta está a su alcance –que no tienen vía libre para decidir de cualquier modo y bajo cualquier argumento– y que además tienen la obligación de justificar con mayor cuidado sus decisiones en la materia.

ROBERTO GARGARELLA*