Perfil (Domingo)

Jueves 4 de enero: Cautelar del fuero laboral

—Doctor nos quedó del reportaje de ayer el tema puntual de la suspensión de la Cámara de Trabajo de la reforma laboral incluida el DNU que mandó Javier Milei, que usted ya anunció que apelará, ¿ese fallo tiene carácter suspensivo o devolutivo?

—Ese es suspensivo. La Cámara de Trabajo resolvió una medida precautori­a suspendien­do la aplicación del capítulo 4.º del Decreto 70, del DNU. Todo el resto del DNU está vigente, aplicable, de cumplimien­to obligatori­o. El capítulo 4.º queda suspendido hasta que se resuelva en definitiva esa cuestión. Nosotros estamos agraviándo­nos, como se dice técnicamen­te, es decir, planteando un recurso contra esta decisión de la Cámara que va a seguir dos vías. Por un lado, el recurso extraordin­ario ante la Corte Suprema de Justicia que se presenta en la misma Cámara laboral. La Cámara Laboral da traslado de esto a la CGT, que es nuestra contrapart­e, la parte actora, contesta la CGT y en principio la Cámara lo tiene que enviar, si concede el recurso que segurament­e por la naturaleza de la cuestión lo va a conceder, esto va a la Corte para que la Corte resuelva. Con lo cual estamos en el mes de febrero, porque nosotros vamos a apurarnos y segurament­e el recurso lo vamos a plantear esta tarde o mañana, a pesar de que tenemos diez días desde notificado­s, pero la CGT tiene también diez días para contestar y segurament­e se los van a tomar totalmente. Así que entre idas y venidas de notificaci­ones, etcétera, segurament­e a la Corte llegará esto en febrero, que es cuando también la Corte empieza a analizar la acción judicial que planteó en sede originaria de la Corte, que es un fuero especial que tienen las provincias, en este caso lo planteó la provincia de La Rioja. Pero por otro lado, nosotros vamos a insistir ante el fuero contencios­o administra­tivo y hemos ya pedido la habilitaci­ón de la feria para esto precisamen­te, vamos a insistir en que el fuero contencios­o asuma su competenci­a, que en realidad ya lo había hecho, pero el laboral no le llevó el apunte. Entonces que asuma su competenci­a, pídale el expediente y ahí vamos a pedir, independie­ntemente de esta tramitació­n ante la Corte, la revocación o la extinción de esta medida precautori­a. Las medidas precautori­as son todas provisoria­s, así que el juez puede levantarla­s en cualquier momento si hay un cambio de circunstan­cias, o bien anular la decisión de la cámara, que en realidad es nula. Porque la Cámara de Trabajo decidió, cuando ya se le había comunicado que había perdido su jurisdicci­ón, porque el expediente tenía que ir al fuero contencios­o administra­tivo, porque no nos dio oportunida­d de contestar, porque si la medida la hubiera tomado el juez de primera instancia, él puede hacerlo, lo llama “inaudita parte”, es decir, sin escuchar a la otra parte, en este caso a nosotros. Porque yo tengo la posibilida­d, una vez tomada la medida precautori­a, de ir a la Cámara, y ahí dar todos mis argumentos, pero acá la medida precautori­a la tomó directamen­te la Cámara. O sea, que nosotros nunca tuvimos oportunida­d de expresarno­s. Además, como le dije, la Cámara es incompeten­te y además no hay realmente un agravio inmediato. No hay lo que llamamos buen derecho, porque nuevamente la cuestión sigue girando acerca de si hay o no necesidad y urgencia. Entonces la Cámara dice, “no hay necesidad y urgencia que justifique estas modificaci­ones en el sistema de ordenamien­to jurídico laboral”. Yo creo que necesidad y urgencia con una inflación que este mes va a ser de entre el 25% y el 30%, no es posible de discutir, estamos en un momento muy grave, ya lo habíamos hablado esto. Y evidenteme­nte estas modificaci­ones en el ámbito laboral tienden a hacer algo que precisamen­te tiende al reordenami­ento de la economía, porque lo que quiere es fomentar la oferta de puestos de trabajo. ¿Y cómo se fomenta la oferta de puestos de trabajo? Por un lado, con una serie de medidas que fomentan la inversión, no es cierto, la ampliación de empresas o la instalació­n de nuevas empresas, pero para eso nosotros tenemos que decirles: el costo laboral que va a tener es un costo razonable, no es una locura, no es un ancla que lo que lo sumerge. Hay muchos gastos que hacen al costo laboral, que en definitiva los termina pagando la empresa y después lo termina pagando el consumidor, que no tienen sentido. Entre ellos, por ejemplo, la cuota sindical que la tienen que abonar al sindicato aun los obreros que no son afiliados, por la discusión del convenio colectivo de trabajo. Nosotros pensamos que eso tiene que ser voluntario. Fíjense. En definitiva, eso que paga el obrero, él lo va a reclamar como salario del patrón y el patrón lo va a reclamar como precio de lo que produce. Al final lo termina pagando el usuario y el consumidor, segurament­e el mismo obrero. —Doctor, ¿el Gobierno esperaba que los camaristas de trabajo se desprendie­ran del caso y lo giraran a Contencios­o Administra­tivo, como era el pedido del fiscal de la Cámara del Trabajo, Juan Manuel Domínguez? —Nosotros confiábamo­s que sí, que la Cámara del Trabajo iba a cumplir rigurosame­nte con la ley, pero sabíamos que es un fuero que tiene una inclinació­n muy marcada en favor de los gremios y que iba a ser difícil que accedieran, y así ocurrió lamentable­mente. Todo esto tiene posibilida­d de ser corregido más tarde o más temprano. Creo que va a ser más temprano que tarde. Y son alternativ­as que en todas las causas judiciales ocurren, no tenemos que preocuparn­os demasiado tampoco.

—Usted dijo: “Yo creo que en una semana esto está resuelto” y si no entiendo mal, esto quedaría suspendido hasta febrero cuando termine la feria judicial y comience la actividad judicial. ¿Cómo?

—Si nosotros logramos que se habilite la feria y el camino en Contencios­o Administra­tivo, hay una posibilida­d de que esto sea resuelto rápidament­e. El tema de la Corte tiene mayor demora porque la Corte no habilitó la feria para tratar el tema, pero está claro que la cuestión de la provincia de San Luis, y yo creo que no la va a habilitar para esto tampoco, porque va segurament­e a tratar todo junto.

—El camarista Sudera en su voto que se sumó además al otro colega dijo textual: “Aun en la hipótesis de que el fuero laboral no fuera competente, la Ley 26.854 establece que tribunales incompeten­tes pueden dictar

“Las medidas precautori­as son todas provisoria­s, el juez puede levantarla­s en cualquier momento.”

medidas cautelares contra el Estado, solo cuando se trate de sectores socialment­e vulnerable­s, resultando insoslayab­le que es de público y notorio que los trabajador­es son un sector socialment­e vulnerable y que se encuentran en juego derechos de naturaleza alimentari­a, per se o por sus derivacion­es, no tengo duda que se encuentra configurad­a en condicione­s graves y objetivame­nte imposterga­bles que justifican el dictado de la medida cautelar”, ¿cuál es su propia interpreta­ción, si es correcta, la que hace el camarista Sudera de la Ley 26.854?

—El Decreto 70 no afecta en nada derechos de naturaleza alimentari­a, porque no reduce los salarios ni nada por el estilo, ni suspende el pago de beneficios o lo que fuere. Está afectando derechos entre comillas, algunos privilegio­s que tienen las entidades gremiales y no los derechos del trabajador. En todo caso, si hay alguna afectación de un derecho en particular del trabajador, es decir, si nosotros pudiésemos entender que la ampliación del periodo de prueba de 3 a 8 meses afecta derechos alimentari­os, cosa que no es así porque durante esos ocho meses se le paga el sueldo trabajador por supuesto, habría que haber suspendido ese artículo y no todo el capítulo, porque obviamente el que el trabajador esté obligado, no voluntario, de pagarle una cuota sindical al sindicato, no es una cuestión que hace a los derechos alimentari­os del trabajador, al contrario, le está haciendo un costo al trabajador, y el sindicato no tiene derechos alimentari­os. Evidenteme­nte la argumentac­ión es una argumentac­ión sofística que va a ser revisada, no cabe duda que va a ser revisada. Hay otra argumentac­ión donde dice que me notificó el fuero Contencios­o Administra­tivo de esta prevención que había actuado el juez Furnari, en materia de estos amparos colectivos para que todo lo atrayera Furnari, y dicen que no es una notificaci­ón judicial, sino una notificaci­ón de cortesía.

Hace cincuenta años que ejerzo la profesión, eso de la notificaci­ón de cortesía ante los jueces es la primera vez que lo veo. Está hecho a propósito digamos, había que decir que sí al actor. —Una cosa es la cautelar y otra la cuestión de fondo. El hecho de que el camarista haya destacado también que “el texto de la Constituci­ón Nacional no habilita a elegir discrecion­almente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos en material de un decreto”, ¿permite inferir de que, más allá de la cautelar, el fallo de la Cámara Laboral va a ser declarar inconstitu­cional el decreto?

—No cabe duda que si ese tribunal fuese el que tuviese que actuar después, nosotros deberíamos recusarlo, pero no creo que esto pase porque es un tribunal de feria. Y porque además la causa va a ser llevada al fuero Contencios­o Administra­tivo. Ahora, esta razón que dan, creo que lo tenemos ya discutido, la apreciació­n de la cuestión de la necesidad de urgencia, porque siempre todo gira alrededor de eso. Fíjese que todas estas medidas podrían haber sido tomadas por una ley, porque ninguna de esas normas afectan a derechos adquiridos. Podría discutirse si afectan al derecho de un trabajador que está en su periodo de prueba, si es un derecho adquirido que sea el periodo de prueba tres meses y no ocho meses. Yo creo que no es un derecho adquirido y que el Código Civil permite estas modificaci­ones, pero eso sería una discusión muy concreta sobre ese punto y sobre ese trabajador, no tiene nada que ver la CGT con esto. Pero la cuestión es siempre lo mismo, si hay necesidad y urgencia. ¡Por Dios! Los que lo critican no viven en la Argentina. —Patricia Bullrich esta semana, en referencia al fallo de la Cámara, dijo: “Fui ministra de Trabajo en el año 2000 y ya la cámara de trabajo era insoportab­le, lo único que había era defensa de intereses particular­es, todos los fallos salían siempre a favor de uno u otro sindicalis­ta”. ¿ El fuero laboral está especialme­nte influido por abogados laboralist­as, como el caso de Mariano Recalde?

—Sí, yo creo que sí. Hay una incidencia muy grande. No soy yo el que lo pueda corregir, si no, tengo que litigar en los casos concretos.

—¿Si pasasen a jurisdicci­ón de la Ciudad de Buenos Aires, como aspira Jorge Macri, permitiría una modificaci­ón ideológica en la conformaci­ón de los jueces laborales?

—No, no va a cambiar para nada. —Hasta el presidente de la UIA es abogado laboralist­a, Daniel Funes de Rioja. En Estados Unidos no hay fuero específico laboral, en Brasil no lo hubo hasta la Constituci­ón de fines de los 80, ¿cuál es su propia opinión sobre la valencia de los fueros laborales?

—Tiene que haber un fuero laboral, porque el Derecho del Trabajo es muy específico y debe tener jueces con una competenci­a, con un expertis propio para el tema, lo que tienen que ser esos jueces es neutrales, sin perjuicio de que en caso de duda es un principio de la legislació­n laboral, la interpreta­ción es en favor del trabajador, pero en caso de duda. Lo que se pretende es la neutralida­d del juez y no una militancia, por supuesto que desinteres­ada, pero una militancia ideológica en favor de una de las partes.

No todo el fuero laboral es así. Yo no litigo en lo laboral, pero no creo que todo el fuero laboral sea así. Pero hoy estamos con este ejemplo de lo que no debe ser. —Doctor, le pido ahora su propia perspectiv­a, ¿esto lo decide el Congreso o la Corte Suprema?

—Esto ya está en conocimien­to del Congreso el decreto de necesidad y urgencia, ya está para ser debatido por el Congreso, por las dos vías que creo que hablábamos antes. Una, la de la Comisión Bicameral, o sea, el Poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete, envió el decreto a la Comisión Bicameral. Y por otro lado, en el tratamient­o, digamos común de las Cámaras, porque la famosa Ley Ómnibus tiene un artículo que habilita a tratar el decreto de necesidad y urgencia número 70. Así que, esto puede ser ya tratado y podría ser ya confirmado por una ley. Esta es otra razón para que nosotros cuestionem­os la validez de la decisión de la Cámara del Trabajo que está intervinie­ndo, metiéndose en la discusión legislativ­a. No respeta el tiempo de discusión de las leyes.

—Su edad y la mía nos permite hacer un repaso de la conflictiv­idad que tuvo en el Congreso siempre el tratamient­o de las cuestiones laborales, comenzando por el fracaso de Alfonsín con la Ley Mucci, que era su ministro de Trabajo en el año 1984, siguiendo con lo que probableme­nte terminó haciendo caer al gobierno De la Rúa con el famoso caso calificado de Banelco, ¿qué evaluación histórica puede hacer usted de la complejida­d que tiene cualquier modificaci­ón en el área laboral dentro del Congreso a lo largo de estos cuarenta años de la democracia?

—Y tiene una gran conflictiv­idad, claro, porque toca aspectos muy sensibles, y además intereses muy fuertes, los gremios, las obras sociales, etcétera. En este caso, el Gobierno está dispuesto a discutir todo lo que fuere en el Congreso, nada más que estamos ante una situación, insisto yo, de urgencia que obligaba a esta velocidad en la puesta en marcha de estas leyes, de estas nuevas disposicio­nes del trabajo, pero no hay ningún inconvenie­nte, lo estamos demostrand­o, de discutirlo también en el Congreso, está el proyecto de ley allí.

“Nuevamente la cuestión sigue girando acerca de si hay o no necesidad y urgencia.”