El horror del chavismo en un informe de la ONU: chicas encerradas y violadas, torturas y desapariciones
La Misión de Internacional sobre Venezuela documentó cientos de casos entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Los crímenes se agudizaron tras la cuestionada reelección de Maduro.
Chicas menores de edad encerradas con hombres adultos, sometidas a vejaciones sexuales; torturas físicas y psicológicas; violaciones; detenciones arbitrarias; desapariciones temporales; persecuciones políticas y asesinatos de manifestantes en la calle. No estamos hablando de las dictaduras que horrorizaron a América del sur en los años ‘70 y ‘80, estamos hablando de la Venezuela bajo el puño de Nicolás Maduro y la élite chavista.
Este prontuario de crímenes de lesa humanidad se ha agudizado poco antes y después de la cuestionada elección presidencial del 28 de julio. Los casos son ahora documentados por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por mandato de Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y que ha presentado este martes en Ginebra un informe sobre lo ocurrido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
“Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”, advirtió ayer la Misión en su último informe.
“Las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al gobierno de Nicolás Maduro”, señaló el informe.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, al señalar que la intensidad y carácter sistemático de la represión, “representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
El demoledor informe constata que se mantiene prácticas denunciadas en reportes previos. “La misión tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de los derechos humanos investigadas durante este período representan la misma línea de conducta que la misión caracterizó en informes previos como crímenes de lesa humanidad”, sentencia.
“Estas conductas se produjeron como parte del mismo ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en cumplimiento de una política de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno del presidente Maduro”.
La misión obtuvo información sobre “la detención de 158 niños y niñas (130 chicos y 28 chicas) después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo, un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente”, dice uno de los pasajes del documento. La Convención de la ONU Sobre los Derechos del Niño entiende como tal a todo ser humano menor de 18 años.
Entre el 29 y el 30 de julio se produjeron 915 protestas ciudadanas en el país en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, según los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. “Durante esos días, y en los días posteriores, se registró una violenta represión por parte de los cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados afines al Gobierno. La represión provocó 25 fallecidos y centenares de personas heridas y detenidas, por el simple hecho de haber expresado una opinión. Entre las víctimas se encuentran niños y niñas”, recoge el informe.
En algunos casos los menores permanecieron recluidos en prisiones comunes, sin que se respetara la separación por edad o género. “Esta falta de división en los centros de detención afectó sobre todo a las niñas, que, en ocasiones, fueron sometidas a vejaciones sexuales mientras permanecieron detenidas junto con adultos hombres”, recoge el documento. Se basa en testimonios de 383 personas, en expedientes judiciales, informes de organizaciones defensoras de los DD.HH., fuentes documentales y audiovisuales, denuncias, informaciones periodísticas y en fuen
tes abiertas y confidenciales.
En el marco de las protestas tras el anuncio que dio el triunfo a Maduro, el gobierno lanzó “una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente, al tiempo que continuaron las detenciones selectivas de actores de la oposición y de la sociedad civil”.
“El sistema de acoso y represión violenta contra personas opositoras o percibidas como tales se reactivó de manera intensa y acelerada”, apunta el documento. Agrega enseguida que la represión “provocó 25 fallecidos y centenares de personas heridas y detenidas por el simple hecho de haber expresado una opinión. Entre las víctimas se encuentran niños y niñas, así como personas con discapacidad”.
Algunas de las violaciones documentadas, “incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, así como otras violaciones conexas, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política fundada en motivos políticos”, contra personas críticas del Gobierno, opositoras políticas, o percibidas como tales.
Como parte de esta represión, las autoridades llevaron a cabo, “de forma consciente y planificada”, acciones para desarticular y desmovilizar la oposición política organizada; inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno y a impedir la protesta ciudadana pacífica.
“Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron al Ejecutivo. En la práctica, muchas de las garantías judiciales perdieron su efectividad, dejando a la ciudadanía en desamparo frente al ejercicio arbitrario del poder”.
El propio fiscal general, Tarek William Saab “continuó operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para dotar de una apariencia de legalidad a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante este período”, al amparo de la narrativa del Ejecutivo de la lucha contra un “golpe de Estado” y el “fascismo”.
En algunos de los casos investigados, “las condiciones de detención constituyeron actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Esas condiciones incluyen en casos investigados el aislamiento prolongado en una celda de cuatro metros cuadrados, sobre los 40 grados e inhalación obligada de monóxido de carbono; condiciones insalubres, insuficiente acceso al agua, comida y saneamiento; restricciones a visitas y a llamadas telefónicas; y malos tratos.
Los métodos de torturas en los casos investigados incluyeron golpes, descargas eléctricas, incluidos en los genitales, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño. La misión recomienda mantener la investigación sobre la situación de los derechos humanos en el país y la rendición de cuentas. En abril, Cámara Criminal federal de Buenos Aires confirmó la jurisdicción de la Justicia argentina para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.