Arrancan las indagatorias a piqueteros del Polo Obrero
Belliboni y otros veinte dirigentes están acusados de extorsión y coacción. Deberán declarar ante el juez Casanello sobre el uso de fondos públicos.
Una veintena de referentes del Polo Obrero, entre ellos Eduardo Belliboni, comenzarán a presentarse esta semana en Comodoro Py, acusados de hechos de extorsión, coacción y administración fraudulenta. El juez federal Sebastián Casanello tiene un circuito bajo investigación por el que deberán responder en declaración indagatoria los acusados: cómo utilizaban fondos que provenían del Estado para tener bajo su mando “una militancia rentada”. El entramado suma facturas apócrifas, una imprenta “fantasma”, una caja millonaria y convenios que el Gobierno nacional debía controlar.
El rol de intermediarios para otorgar planes como el Potenciar Trabajo, fue cuestionado por los investigadores porque representó “un abuso de poder, un posible desvío de fondos”, entre otras acusaciones volcadas en el expediente. Las organizaciones sociales bajo investigación, se dedicaron -sostiene la imputación que pesa sobre 27 referentes piqueteros- “sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, cobrarles la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y/o forzarlos a participar de marchas bajo la amenaza expresa de dar de baja el plan en caso de no hacerlo”.
Las cooperativas y los comedores, fueron centrales en lo que se
Están investigados por usar fondos para una “militancia rentada”.
denominó la “actividad ilícita”. En el dictamen acusador del fiscal federal Gerardo Pollicita, se indicó que todo se realizaba “al amparo de las personas jurídicas inscriptas como Unidades de Gestión del Plan Potenciar Trabajo y recibían subsidios del Estado Nacional”.
Al profundizar en esa primera investigación que realizó la fiscalía, Casanello determinó otros elementos que son parte de la maniobra y que lo condujo a citar a indagatoria a Belliboni, principal dirigente del Polo Obrero.
Como telón de fondo, el juzgado busca determinar las responsabilidades administrativas sobre los convenios que se firmaron entre el extinto Ministerio de Desarrollo Social y la Asociación Civil que comanda Belliboni.
Hay una serie de cifras más generales que están bajo estudio: en total son 123 las organizaciones sin fines de lucro, cooperativas y asociaciones civiles que recibieron de Desarrollo Social dinero público correspondiente a diversos programas. Los desembolsos durante el gobierno de Alberto Fernández ascienden en total a $ 15.897.967.054,82.
A la hora de desglosar dicha cifra, dos de las asociaciones bajo investigación resultaron beneficiadas con importantes partidas correspondiente al ex Potenciar Trabajo, el más importante que diseñó Desarrollo Social para los sectores más vulnerables.
Uno de los puntos que determinó la fiscalía a cargo de Pollicita, es que el Polo Obrero -como otras organizaciones involucradas en el expediente-, se valió de las facultades que el Estado Nacional para “desplegar prácticas ilícitas tendientes a apropiarse de una porción de los fondos públicos destinados a la asistencia social de los beneficiarios del plan y coaccionarlos con el objeto de forzarlos a participar en “movilizaciones” a las que convocaban”.
A esa apreciación, el juez Casanello le añadió más datos: los beneficiarios finales de los planes sociales debían participar de las marchas con identificación partidaria del Polo Obrero, cartelería, banderas. “Administraron de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social en el marco del aludido programa "Potenciar Trabajo", se indicó en el llamado a indagatoria.
En este punto, se consignó que se vieron involucrados montos significativos “que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado”. Es decir: “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, señaló Casanello.
La Asociación Civil Polo Obrero encabezada por Belliboni, bajo la denominación de fondos del Potenciar Trabajo, recibió 235.197.271,80 de pesos durante el gobierno de Fernández. Las personas que eran víctimas de la presunta maniobra extorsiva, según el juzgado, concurrían a tres comedores que dependían del Polo Obrero. Pero se determinó otra ruta de fondos, cuya finalidad era construir una “militancia rentada”. ■