El Gobierno no comprará libros escolares y abrió una disputa con las editoriales
Tenía dinero para 14 millones y lo canceló. Denunciaron “falta de transparencia” con el operador de la logística.
Setenta y cinco millones de pesos están asignados este año, en el presupuesto de la Secretaría de Educación nacional, para la compra de libros de textos para alumnos de todo el país. Es el dinero necesario para adquirir, distribuir y hacer llegar a las manos de los chicos 14,1 millones de títulos escolares de primaria y secundaria.
Pero nada de esto pasó ni pasará. El Gobierno nacional decidió cancelar esta compra. El argumento, según dijeron a Clarín, es “falta de transparencia”, centrada -principalmenteen la logística de la entrega de los libros y en la discrecionalidad con la que se elegía al operador de esa logística, que se venía llevando el 17% del volumen total de las ventas.
Ahora, la novedad es que el conjunto de las editoriales -16 participaban en este proceso en 2024- salieron a defenderse, a través de un comunicado firmado por las dos organizaciones empresarias del sector: la Cámara Argentina del Libro (CAL) y la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP).
Los editores remarcan, en primer lugar, la pérdida que significa para los alumnos no contar con los libros de texto. “El libro, como instrumento, es un nivelador de oportunidades para la sociedad. No hay que perder ese foco”, le dijo a Clarín Ramiro Villalba, representante del sector de educación de la CAL.
Agregó que recientemente se reunieron con el secretario Carlos Torrendell, a quien le manifestaron que la logística no les corresponde a ellos, pero los pliegos armados por el gobierno anterior les pedían contratar a un operador.
Le dijeron, también, que el objetivo de las cámaras es buscar la solución. “No queremos confrontar. Queremos trabajar en las mejoras que se necesiten. Todo es perfectible. Ahora, dejar definitivamente a los chicos sin libros, es una gran pena y es una inversión que el país no puede darse el lujo de dejar de hacer en educación”, dijo Villalba.
Lo cierto es que de la inversión prevista para libros escolares no se ejecutó nada. Desde el Gobierno le dijeron a Clarín que ese dinero se va a destinar al Plan de Alfabetización, que aún no arrancó.
La controversia
El procedimiento que, hace décadas, se venía siguiendo para la compra de libros escolares arrancaba cuando Nación convocaba a las editoriales a que presentaran sus títulos. Esos materiales luego pasaban por dos instancias de evaluación: una nacional y otra provincial, donde se seleccionaban los títulos.
Finalmente, Nación (a través del Ministerio de Educación, ahora Secretaría) hacía la compra.
Si bien esto se venía haciendo desde hace años -con muchas diferencias del volumen de compra año tras año- a fines de 2021 el gobierno de Fernández introdujo una novedad. Como parte de las políticas post pandemia, lanzó el programa “Libros para Aprender”, que consistió en la entrega de libros escolares, en forma directa, para todos los alumnos de primaria y secundaria de escuelas de gestión estatal y privada de cuota cero y oferta única. Esto hizo que la compra de libros escolares se disparara en los últimos dos años.
Ahora, ¿qué señalan desde la actual Secretaría de Educación? Que en el precio del libro se agregaba un 17% en los conceptos de “consolidado y distribución”. Por consolidado se entiende al proceso por el cual los libros, una vez impresos, son llevados a un depósito (donde se arman las cajas por escuela y provincia). Después viene la distribución, hacia las 24 jurisdicciones.
Desde el Gobierno dicen que les llama la atención que el precio de la consolidación y la distribución sea un porcentaje fijo del valor del libro cuando los títulos tienen distinto precio según el contenido.
Además, señalan que al no estar separados los ítems de consolidado y distribución, existía “una discrecionalidad en la elección de los proveedores para estos dos servicios sin control alguno sobre esas contrataciones”.
La defensa de las editoriales
Desde las editoriales aseguran que ellos no participan de la logística, solo se dedican a producir libros. Pero el gobierno anterior les pidió que incluyera esa logística en el precio y les indicaba qué operador se haría cargo. “Nos pagaban el costo de la logística para que luego le paguemos al operador. El gobierno elegía un operador logístico llamado Envaplast, que tiene mucha experiencia y tradición en este tipo de operativos, que era quienes recibían, por la operación logística, el 17% del volumen de compra”, le dijo a Clarín una fuente del sector.
Fuentes del gobierno anterior, por el contrario, le dijeron a Clarín que el operador logístico era seleccionado por las empresas y ellos no tenían nada que ver con el valor que le asignaban. “No pagábamos libros, sino libros en la escuela; y de la distribución se encargaban las cámaras. No sabíamos si les daban 17% u otro porcentaje, solo cerrábamos un precio”, afirmaron.
Más controversias
El actual Gobierno plantea otra situación, a la que califican de “llamativa”. Dicen que descubrieron “un amplio margen para bajar los precios de cada libro, pese a la inflación de 2023”. “A comienzos de esta gestión, el precio propuesto por las editoriales era de $10.000 + un 17% por el consolidado y la distribución. Finalmente, se llegó a $5000 y 3%. Todo esto fue prueba suficiente del vicio alrededor del proceso, por lo que el Ministerio de Capital Humano decidió suspender ese proceso de compra”, dicen.
Las editoriales lo explican de otro modo. “El nuevo gobierno quiso efectivamente despegar el libro de la logística, lo que vimos perfecto porque a los editores la logística nos complica y no nos suma nada. Pero al momento de solicitar cual sería el lugar para entregar los libros, nos pidieron que hiciéramos la consolidación y la preparación de los despachos. Y que ellos licitarían la parte de la logística correspondiente al transporte”.
“Por ese trabajo de consolidación (sin el transporte) nos ofrecieron un 3%. Pero el transporte nunca lo licitaron. La logística no es algo que nos corresponde. Si lo hicimos en el pasado fue porque así lo pedía el pliego”, insisten.
También hay distintos puntos de vista en cuanto a los tiempos de compra de los libros. Para el Gobierno, cuando llegaron al poder, el proceso venía muy demorado. Desde las editoriales, por el contrario, afirman que venía avanzado y que, para llegar a tiempo, incluso negociaron costos en la cadena de producción y resignaron rentabilidad. Creen que las demoras se produjeron, en realidad, como consecuencia del cambio de Gobierno.
Nadie sabe aún cómo seguirá este tema. Ahora, desde Nación ofrecieron a las provincias que compren los libros y una vez adquiridos, dicen que les enviarán los fondos, dejando la distribución a cargo de cada provincia. Para esto ofrecen firmar un convenio. Hasta ahora ningún distrito lo firmó.
Los editores afirman que los pliegos fueron armados por el gobierno anterior.