El Fondo Docente y los subsidios al transporte, los otros recortes
Este jueves se oficializó que ya no se girarán esos fondos a las provincias desde el Tesoro Nacional. Peligra el DNU.
Entre los mandatarios provinciales circula un Excel con las deudas de Nación a las provincias: $ 248 mil millones de ATN sin distribuir, $ 2100 millones por Impuestos a las Ganancias; $ 265 mil millones de impuestos a los combustibles; $ 285 mil millones por impuestos a los combustibles; $ 1.450 millones de lo proyectado para el consenso fiscal de 2024; lo que da un total de casi 5 mil millones de dólares.
Ese es el fondo en el que, según las provincias, se produce la pelea por los recursos con la Nación, que esta semana acaba de cortar los giros a las cajas jubilatorias de 13 distritos y oficializar el final del Fondo de Incentivo Docente y de los giros para subsidiar las tarifas del transporte público en el Interior.
Dirigentes que trabajan para el armado de algunos gobernadores creen que decisiones del Ejecutivo como esta podrían aunar voluntades de los gobernadores en la Cámara Baja para rechazar el Mega DNU 70/2023, que ya sufrió un revés en el Senado.
En el ministerio del Interior siguen confiados en que reunirán los votos necesarios para aprobar la nueva versión de la ley ómnibus y el cada vez más acotado paquete fiscal. Guillermo Francos prometió el martes en Salta a los gobernadores del Norte que habilitará las obras paralizadas que cuenten con financiamiento de organismos multilaterales.
El 19 de marzo, el Gobierno logró desactivar la sesión en Diputados en la que bloques opositores y los gobernadores buscaban restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por ley. “Levantaron la sesión, pero el Gobierno les fusiló el FONID por DNU”, razonó el ex diputado lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez, del Instituto Consenso Federal.
En efecto, en el mismo DNU 280/24 del jueves -en el que eliminó las transferencias a los cajas jubilatorias de 13 provincias- el Presidente firmó el acta de defunción del FONID. En la página 181 del Anexo I del decreto se eliminan los $276.262 millones que figuraban en
El Gobierno suma malhumor entre los mandatarios provinciales.
el prorrogado Presupuesto 2023.
El FONID se estableció en 1998 para contrarrestar las diferencias entre las paritarias docentes provinciales y nacionales. El Gobierno dejó de pagarlo y el 10 de febrero los ministros de Educación de las 24 provincias reclamaron ante el secretario nacional Carlos Torrendell por la deuda.
Algunas provincias fueron más lejos: Misiones recurrió ante la Corte Suprema para que el Gobierno gire los fondos comprometidos. El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck también presentó un amparo en Viedma.
Al igual que con el FONID, el Gobierno también eliminó en el DNU el fondo compensador del Interior, que en 2023 equivalía a $102 mil millones destinados a subsidiar el transporte interurbano fuera del
AMBA. La Pampa presentó una denuncia ante la Corte Suprema por el recorte. Chubut, en tanto consiguió el visto bueno en la Cámara Federal después de presentar una cautelar, que el Gobierno decidió apelar, y Santiago del Estero también había presentado una demanda en el mismo sentido.
A las mencionadas, se suman las denuncias ante la Corte que presentaron dos de los opositores más duros, el bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela. El primero recurrió al máximo Tribunal por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (que equivalía a 2 puntos de coparticipación de CABA). El riojano pidió que la Corte declare inconstitucional el Mega-DNU 70. Además, el chubutense Ignacio Torres y el chaqueño Leandro Zdero pidieron que se declare inconstitucional la reforma de Ganancias, mientras que el misionero Passalacqua reclamó también por las reformas en el DNU 70 al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Mientras empuja a sus candidatos al máximo Tribunal en el Senado, donde pisan fuerte los gobernadores, el Gobierno suma malhumor entre los mandatarios provinciales.
En las últimas semanas una decena de provincias reclaman al Gobierno por la decisión de transferir el Servicio Alimentario Escolar (SAE) de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a Educación y por las demoras en las transferencias. “Ya se perdieron cuatro meses y esto burocráticamente hace que tardemos dos meses más en que esa asistencia llegue a las provincias”, se quejó el ministro bonaerense Andrés Larroque. ■