No hay emergencia que justifique la destrucción ambiental
Mientras la comunidad internacional se esfuerza, lenta pero sostenidamente, por acordar e implementar acciones y políticas que detengan y reviertan los devastadores efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación y la contaminación, el Gobierno argentino se propone ir en sentido totalmente contrario.
Bajo el amparo de la emergencia económica, el proyecto de “Ley Ómnibus” impulsa reformas que hieren de muerte a dos normas fundamentales en materia de protección ambiental, la Ley 26.331 (Bosques Nativos) y la Ley 26.639 (Glaciares), logradas tras extensas discusiones parlamentarias y consensos entre diversos actores sociales.
Son normas de presupuestos mínimos que, conforme el artículo 41 de la Constitución Nacional, garantizan una protección uniforme del ambiente en todo el territorio argentino para la realización del derecho humano a gozar de un ambiente sano. La propuesta las modifica de tal forma que desvirtúa los objetivos por los que fueron creadas.
Las reformas a la Ley 26.331 permitirían el desmonte de bosques nativos de alto y mediano valor de conservación a preservar a perpetuidad (zonas rojas) o usar de manera sostenible (zonas amarillas), respectivamente. Así, más del 80% de la superficie de bosques nativos del país quedaría a merced de la motosierra, llevándose puesto biodiversidad, beneficios ecosistémicos irremplazables, y medios y modos de vida de comunidades enteras. Asimismo, el proyecto flexibiliza las exigencias para los bosques hoy categorizados como de bajo nivel de conservación (zonas verdes). Allí no sería obligatorio realizar de manera previa una evaluación de impacto ambiental y audiencia pública. Esto puede traducirse en efectos sociales y ambientales nocivos, afectación de ecosistemas asociados como humedales y pastizales, y un aumento de la conflictividad socioambiental.
Por otro lado, el proyecto vacía la Ley de Bosques. Quita de las fuentes que aportan anualmente a su Fondo Nacional el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones al agro. Este fondo permite que las provincias puedan cumplir con las tareas de protección de los bosques. La Ley 26.331 pasaría a estar sujeta a lo que discrecionalmente decida el Poder Ejecutivo, el mismo que afirma no tener plata.
El proyecto de ley pretende modificar la Ley de Glaciares. Estos ecosistemas son reservas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas, que ya están sufriendo mermas a causa del calentamiento global. Habilitaría la actividad económica en la zona periglaciar, hoy prohibida, y condicionaría su protección al cumplimiento de requisitos restrictivos y discrecionales. Esta medida es una clara respuesta a un reclamo histórico del sector minero, que busca aumentar sus beneficios económicos en detrimento de la preservación socioambiental y la protección de áreas protegidas legalmente.
En un contexto de crisis ecológica, climática y desigualdad social, no hay crisis económica que justifique llevarse puestos instrumentos normativos que son la columna vertebral de la protección ambiental, ni los mandatos de la Constitución Nacional.
Al contrario, seguramente habrá más desarrollo sostenible e inversiones si Argentina cuenta con un marco robusto que proteja ecosistemas y respete los derechos reconocidos en el orden jurídico internacional. Las provincias y nuestros representantes en el Congreso deben hacer oír su voz. ■