Ahora, el turno del agro
La aprobación de la Ley Bases es una buena noticia también para el agro. Aproxima el momento para terminar con las dos principales lacras que afectan al sector: las retenciones y la brecha cambiaria. En ese orden.
¿Por qué en ese orden? No solo por lo cuantitativo: las retenciones significan 10.000 millones de dólares, la brecha cambiaria unos 5.000, sino por lo cualitativo. Los derechos de exportación alteran claramente la relación insumo/producto, impactando en la aplicación de tecnología. Y hoy la clave para la productividad es apelar a todos los recursos que permiten maximizar los rindes. La ecuación es muy finita. En cambio, la brecha cambiaria es relativamente neutra en este aspecto, porque reduce el costo en pesos de los bienes importados que utiliza el campo para producir. Fertilizantes por ejemplo. Pero este “beneficio” se compensa con el Impuesto País, que afecta el costo de los insumos importados. Este asunto no entró en la ley, es potestad del ministerio de Economía, que hace poco prometió una reducción en la medida en que se vaya consolidando el equilibrio fiscal. Pasa entonces a primer plano el tema de las retenciones. En particular las de la soja. A este producto le cabe además el sayo del castigo a la tenencia. Es insólito, pero el Banco Central no ha eliminado la norma por la cual no se permite acceder a créditos de la banca oficial, si el productor todavía conserva algo de la cosecha. La idea es obligarlos a vender, para acelerar el ingreso de divisas. En lo que va del año la agroexportación liquidó más de 10.000 mil millones de dólares, la mitad de lo que ingresó para recuperar reservas. Quedan otros tantos en manos de los productores. En lugar de presionar con normas contra natura, el Gobierno debería moverse con prudencia y habilidad, sabiendo que más pronto que tarde los productores venderán su mercadería. Nunca hay mucho “carry over” (excedentes que pasan para la campaña siguiente). Deberían considerar los stocks en soja o maíz en manos de los productores como una reserva que se va a monetizar a la brevedad. Sobre todo, a medida que se siga regularizando la macro. Paradójicamente, la baja de la inflación también incide, lo mismo que la caída de las tasas de interés. La reducción del costo de los créditos y la mayor oferta de financiamiento (de la banca oficial y privada) empiezan a movilizar las ventas de bienes de capital. Esto se vio la semana pasada en Agroactiva. También aparecen instrumentos nuevos y muy creativos, como el sistema “Silo Real”, que permite garantizar créditos respaldados por los silobolsas, sin necesidad de mover la mercadería. Pero esos créditos hay que ir pagándolos y eso significa fluidez comercial a corto y mediano plazo.
Por supuesto, el producto más afectado es la soja, con retenciones del 33%. Un exabrupto claramente confiscatorio, porque es casi la alícuota general del impuesto a las ganancias. El Estado considera que puede quedarse con uno de cada tres camiones de soja, puesto en el puerto y con el flete pago por el productor. Lo que viene diciendo el Gobierno es que se piensa en ir sacándolas según lo permita el equilibrio fiscal. Podría suponerse que como esta premisa se está cumpliendo, la reducción debería estar en el horizonte. Esto depende de Economía y no de la Ley Bases.
En el campo esperan con paciencia, no exenta de ansiedad, algún anuncio concreto. Por ejemplo, una reducción/eliminación para el trigo 2024/25, ya en plena siembra. Sería una demostración de que realmente se quiere avanzar en el camino prometido. También está el tema (sobre el que venimos martillando) del pago de todo o parte de los derechos de exportación con un bono, lo que generaría una suerte de “precio lleno”. Tendría un impacto formidable en el sector, marcando el final de la ominosa era de la exacción iniciada en el 2002. En 22 años, más de 200.000 millones de dólares.
Las retenciones son confiscatorias y alteran la relación insumo-producto, afectando lo tecnológico